Y SE HIZO JUSTICIA

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Ferdinand Amunchásteguy.  La semana, breve por las actividades propias de la Pascua, tuvo sin embargo, pequeños movimientos que aún no han terminado de desarrollarse. Mientras en algunos ambientes el llanto de un niño recién llegado debe haber regocijado a los nuevos, que no noveles padres (por lo menos uno de ellos), en otros espacios resonó la voz agria de quien oficia de Vicepresidente, marcando las diferencias que la separan de su compañero de fórmula al que parece estar dispuesta a desautorizar   permanentemente.

Sin embargo, esa lucha de ideas o acciones hace tiempo que está instalada, por lo que  a nadie sorprende y solo  genera especulaciones sobre el modo en que habrá de concluir esa confrontación interna  que mantiene la grieta en los límites del oficialismo. Los conceptos críticos, duros e incluso agresivos que se deslizan en los comentarios hechos como al pasar, exponen ante la sorprendida ciudadanía, la disímil concepción que anima a los integrantes del que se suponía era un mismo Gobierno.

Advertido el tema, la incertidumbre se instala en la determinación de cuál habrá de ser la suerte que habrá de imponernos quien triunfe y, en consecuencia, el rumbo que intentará darse a nuestra vidas. Este corto proemio, sin embargo, no olvida su tema central, que encuentra su eje en el análisis de la realidad judicial que debe acompañar las restantes manifestaciones de la política que llevan adelante los otros dos Poderes.

Y aunque los días fueron pocos, la actividad no disminuyó en la misma proporción. En primer término y para no abandonar una suerte de estilo en sus declamaciones, la Vicepresidente dedicó algunos párrafos a la Justicia,  a la que alguien le debe haber sugerido que podía asociar al “Ancien Régime” –seguramente fundándose para ello en la notoria ignorancia de los Jóvenes en su decadente instrucción- y, a partir de esa falsa premisa,  construir una suerte de relato que le permite suponer que la Justicia pertenece  a una  clase enemiga del pueblo a la que debe “Guillotinarse” más temprano que tarde para consagrar la libertad de los sectores sumergidos.

Varias son las cuestiones que deben deslizarse en respuesta a esas afirmaciones, en primer lugar que la administración de justicia no tiene su origen en los regímenes absolutistas, lamentablemente para contradecir sus afirmaciones, baste solo recordar que el origen de nuestro derecho se encuentra en el de los Romanos y antes que ellos los Griegos ya hacían gala de su existencia. Como anécdota podría referirse que perdieron más cabezas los que se dedicaban a hacer política en la época de los Luises que aquellos otros que administraban la justicia; pero de hacerlo parecería que queremos responder a un discurso errado y no a establecer el verdadero punto de discusión.

Reiteradamente, la Vicepresidente y sus seguidores han dedicado largas parrafadas para justificar la ineficiencia de la Justicia y proponer un cambio constitucional que, según su criterio mejoraría institucionalmente el país. En esa línea proponen, sin enfados,   que los Jueces sean elegidos junto con los Legisladores y miembros del Ejecutivo, en lo que intentan mostrar  como una manifestación de democracia directa  operada por el pueblo, silenciando que,  con ese sistema – que no existe en ningún lugar del mundo- lo único que se lograría es establecer una Justicia absolutamente dependiente del Poder Político –que es el reproche que se le hace a la actual-  que posee independencia, con excepción de quienes la ejercen malamente y debiesen  ser apartados.

Casualmente, ese apartamiento debería concretarse a través de la actividad del Consejo de la Magistratura, que, sin ningún disimulo, intenta esterilizarse  desde los mismos sectores que imploran la necesidad de un Poder Judicial independiente que,  como dejan ver,  será un Poder Judicial que solo acepte como justas las decisiones que provengan del Gobierno y desoiga el juzgamiento de los posibles hechos delictivos  que se atribuyan a sus integrantes.

Mientras se acerca el momento en el que el Titular de la Suprema Corte debe asumir la Presidencia del Consejo y dirigir sus acciones, llamativamente un Juez –de limitado conocimiento podría decirse- colaborando con aquellos que intentan hacer desaparecer la independencia del Poder Judicial, dictó una medida cautelar para que los miembros del Poder Legislativo se inhiban de designar a sus  nuevos representantes según lo decidido días atrás por la Corte Suprema. Tan habituados estamos los ciudadanos a que se recurra a este remedio procesal que conocemos su título, presumimos su mal uso  e ignoramos su funcionamiento.

Lo cierto es que  tales medidas están dirigidas a evitar que se frustre el derecho reclamado,  cuando su reconocimiento puede demorarse  en el tiempo que lleva  la sustanciación del juicio en el que se reclama su protección, lo que trae como resultado que la cuestión se convierta en abstracta –por no haberse evitado el acto lesivo- y tardía su  reparación.

Lo que es claro es que dichas medidas están dirigidas a los actos de la Administración y que se recurre al Poder Judicial para evitar sus consecuencias gravosas, De adverso, no existen medidas cautelares contra las sentencias -ya que el modo de cuestionarlas es por medio de los recursos de apelación- y menos aun cuando las decisiones emanan de la CSJN –ultima instancia judicial en pronunciarse-.

Así las cosas, lo sucedido establece un pésimo precedente para la administración de Justicia, el Magistrado que se ha prestado a dictar semejante esperpento jurídico debería ser removido, pues su parcialidad es el fiel reflejo de lo que se pretende evitar de la Justicia, – que obedezca las necesidades políticas de quienes la apoyan y no, que resuelva conforme a la ley,  protegiendo los derechos que la Constitución Nacional acuerda a los ciudadanos- Ese parece haber sido el camino elegido por la CSJN quien se avocó al conocimiento de la cautelar, la anuló y denunció al Juez que la dictó.

Finalmente en esta semana asumirá el Juez Rosatti y se hará cargo  de un órgano que, obviamente, siempre debió encontrarse vinculado al ámbito de la Justicia y jamás subordinado a la Política de turno, como fue el propósito perseguido al crearlo, luego desvirtuado al introducirle las modificaciones ahora rechazadas.

P:S: También es falaz el argumento que insinúa que la Corte ha intentado restablecer una ley que el Congreso había derogado, lo que ha hecho que algunos pretendieran instalar que la Corte ha usurpado facultades de otros Poderes – en este caso el Legislativo-

Lo cierto es que cuando una ley decide reemplazar a otra,  la deroga en cuanto se le opone pero, obviamente, si esta segunda es posteriormente declarada inconstitucional y deja de regir, renace la primera que fue derogada pues de lo contrario desaparecería el Instituto legal creado, en este caso,  el Consejo de la Magistratura. O dicho de otro modo, cuando cae la orden que derogaba la ley anterior, esta necesariamente reaparece,  pues la cláusula que la hacía desaparecer   ya no existe.