VERICUETOS DEL PER SALTUM

0
137

 

Ferdinand Amunchásteguy. Esta semana casi resultaría obvio dedicar unas líneas al diputado salteño sorprendido en una actitud, que sus compañeros de Cuerpo consideraron impropia   como para compartir la actividad legislativa con él. Lo señalado y la infinidad de anécdotas que podrían agregarse a este comentario, es todo de lo que hablaremos del tema, aunque habremos de utilizarlo para abordar una cuestión que posiblemente, de otro modo, podría pasar desapercibida.

Los avances de la tecnología han arrasado con las formas y los modos con los que esta generación ha sido educada y han alterado pautas o criterios que creíamos inmutables. Nuestra Constitución en su artículo 19, consagra que las acciones privadas de los individuos están exentas de la autoridad de los Jueces y solo reservadas a Dios, principio que ha llevado a muchos a realizar una simplificación del mismo o una interpretación extensiva, asumiendo que el ámbito en el que se desarrollan las acciones privadas es el domicilio, que también recibe una protección especial en nuestra Carta Magna.

Con esto, obviamente, no estamos tratando de brindar un argumento defensivo para el ex Legislador sino, solamente, intentando mostrar como la tecnología ha derrumbado un muro de reserva que mentalmente, muchos no han advertido.

El avance de la humanidad ha dejado atrás algunos obstáculos probatorios y avanzado a los ámbitos de privacidad que hasta hace unas décadas brindaban impunidad al accionar de los individuos. Desde la incorporación de la telefonía celular, ya no es necesario la Intervención física de las líneas de teléfono, para conocer qué individuos se comunicaron entre sí, pudiendo quien investiga, conocer no solo la identidad de aquellos que hablaron, sino su localización.

Los análisis de ADN han dejado fuera de tiempo, aquellas previsiones que otrora contenía el código civil para establecer el reconocimiento de estado en los casos de filiación y los avances cibernéticos han ampliado no solo el terreno de los delitos, sino también las herramientas para descubrirlos. En definitiva, en este mundo cambiante, pocas cosas son como eran, aunque las cosas sucedan del mismo modo.

Los objetivos de la actividad humana no se han alterado, aunque las herramientas a su disposición han variado ampliando las acciones o las formas en que se pueden obtener los mismos resultados. Así las cosas, el delito presenta complejidades inimaginables hace solo unos años atrás, aunque también los modos de combatirlo se han ampliado y el ámbito de reserva de los individuos ha cambiado, siendo más fácil penetrarlo y avanzar en el descubrimiento de las conductas protagonizadas.

Los que no se han alterado son los propósitos humanos, sea en procura de beneficios indebidos o satisfacciones prohibidas, y en ese marco, la actualización de los criterios judiciales respecto de la aceptación de medios probatorios, no reglados en las leyes procesales, se torna fundamental a los fines de adecuar su persecución y el éxito de la protección de los bienes jurídicos protegidos.

No obstante ello, siempre habrán de aparecer temas que escapen a cualquier tipo de prueba y solo descansen en la interpretación que de la ley hagan los Jueces. Esas situaciones conseguirán la adhesión de la ciudadanía, en la medida que la estructura judicial posea prestigio ante  ella, y sus decisiones merezcan el respeto del conjunto de los ciudadanos.

Tal es el caso del per saltum referido a los jueces que el Consejo de la Magistratura propició hacer regresar a sus originales Tribunales, el tema, que no demorará demasiado tiempo en ser resuelto -atento el modo en que han sido abreviados los plazos procesales-, no satisfará a ninguno de los sectores involucrados. Si se hace lugar a la pretensión de los recurrentes -lo que muchos interpretarán como un triunfo sobre el Gobierno- quedará habilitada como legítima, la posibilidad de que el Ejecutivo traslade a los jueces por la sola voluntad de su titular, decreto mediante, lo que puede significar una potestad en la que peligre la independencia del Poder judicial.

De adverso, resolver en su contra, si bien el Gobierno podría hacerlo aparecer como un triunfo, implicaría establecer un mecanismo más riguroso de traslado, si bien las mayorías actuales en la Cámara de Senadores no complicarán demasiado el propósito de conformar algunas jurisdicciones con mayores afinidades. En definitiva, cualquiera sea la solución a la que arribe la Corte, ninguna decisión obstruye el avance sobre uno de los Poderes del Estado que intenta el Ejecutivo, aunque, según cuál sea, permitirá conocer cuál de las fuerzas internas del Alto Tribunal es la que ha triunfado.

En este extremo, ni la tecnología ni la cibernética podrán superar los vericuetos del instinto político que habita en las cabeza de los Jueces, que no están exentos de verse influidos por la realidad que los rodea y por sus propios deseos, aunque ello implique un debilitamiento institucional que se mueve en el horizonte, como un fantasma que amenaza a la República.