UN PODER JUDICIAL DISCIPLINADO.

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Ferdinand Amunchásteguy. Promedia el mes de enero, y ante la aparente ausencia de actividad, los trebejos del Poder se deslizan silenciosamente en procura de avanzar en la concentración del mismo. El comportamiento de la sociedad y el clima, ayudan a la actividad desplegada. Mientras una inusual ola de frío avanza sobre Europa, lo que mantiene ocupados a los comunicadores que deleitan los ojos,  mostrando un Versalles nevado, o un Madrid con esquiadores en sus calles aquí,  las fiestas clandestinas,  ocupan las aterradas mentes de quienes viven atemorizados por el virus chino, sus mutaciones varias y la ausencia de vacunas para paliar la angustia del creciente número de víctimas.

Comentario al margen, mientras la sociedad se preocupa por la ausencia de vacunas, muchos no alcanzan a comprender las razones que hacen que se desarmen aviones de pasajeros para traer una menguada cantidad de vacunas, en vez de utilizar los aviones Hércules, ya preparados para efectuar importantes desplazamientos de carga. ¿Será quizás, que la construcción épica del salvataje de los contagiados debe quedar en manos de la aerolínea de bandera, para que no se noten sus deficiencias comerciales, y se magnifique  el discurso de los gremios vinculados -que siempre integran sus tripulaciones- y que, con sus reclamos, habitualmente entorpecen el despliegue competitivo de sus aviones?

Más allá de la miscelánea y los miles de muertos acumulados, otros son los cadáveres por los que debiese preocuparse la sociedad. Al comenzar la pandemia y su consecuente cuarentena, se aseguró que la draconiana medida encontraba su fundamento en que la economía se repara, pero que de la muerte no se vuelve. La evidente verdad que encierra esa afirmación, hizo que pocos tuvieran argumentos para combatir esa solución y, mansamente, avanzásemos hasta estos días viendo cómo, lentamente, se abandonaban los cuidados y una suerte de juvenil desobediencia comprometía el corto futuro de los “adultos mayores”.

Sin embargo, vale la pena insistir en que las desapariciones que están prontas a ocurrir son otras. Mientras esta debacle natural se produce, otra, minuciosamente razonada, esta pronta a suceder. Casi desapercibido ha pasado el llamado a sesiones extraordinarias y más aún, el temario que habrá de tratarse en ellas.

Sabido es, que esta convocatoria excepcional tiene por objeto el tratamiento de cuestiones impostergables que necesitan de la decisión legislativa para poder abordarse. Así lo prevé la Constitución y la práctica. Sin embargo, en esta ocasión, favorecidos por las mayorías que mantienen en las Cámaras -más alguna picardía, como sostener que en las sesiones virtuales quienes se hallan presentes no integran la sesión y sí los que se encuentran físicamente fuera del edificio- se tratarán, tanto la reforma judicial como la ley de Ministerio Público que impulsa esta Administración.

Resulta innecesario hacer notar que ninguna de las dos reformas resulta de urgencia, no solo por el menguado accionar que le impuso la Pandemia al Poder Judicial, sino también porque las propuestas merecen un tratamiento sereno y profundo en orden a lo que se habrá de modificar.

Obviamente las razones que se ofrecen públicamente   y con las que se intenta justificar la urgencia, ocultan el verdadero propósito que se persigue y que consiste en disciplinar al Poder Judicial y reestructurar un Ministerio Público Fiscal removiendo a aquellos que se han manifestado opuestos a los excesos del Poder.

Es casi una obviedad advertir que, con el sistema que prevé la reforma, los Fiscales -en quienes descansa la persecución penal en el código ya reformado (sistema acusatorio)-se encuentran a la mano de la comisión de seguimiento del Ministerio Público -cuyos dos miembros de la mayoría senatorial pueden iniciar las denuncias contra los Funcionarios, que inmediatamente y en forma preventiva son suspendidos por un lapso de seis meses-. Como no cuesta advertir, aun las más burdas imputaciones permitirán desplazar a cualquier Fiscal que intente investigar alguna cuestión que  comprometa la actividad de quien quiera ser amparado desde el Poder, dando paso a un funcionario más dócil y consecuente.

Tampoco escapa a nadie, que con ese mismo mecanismo podrá deslucirse la actividad desplegada en el pasado por los Fiscales, y  que comprometen a figuras conspicuas del anterior Gobierno, con el propósito de descalificar sus investigaciones y lograr la impunidad de algunos que ya se han escudado en la novedosa teoría del “lawfare”.

Quizás entonces, retomando las palabras que dieran inicio a la cuarentena, debiésemos pensar en que  cadáveres habrá de dejarnos  no ya la pandemia sino nuestro propio proceder , desatento y descuidado, sabiendo también que estos tampoco habrán de resucitar y nos dejarán un escenario empobrecido, no ya en lo material,  sino en el aspecto institucional que difícilmente pueda recuperarse.