TIERRA TOMADA.

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Hoy hay gente asustada en Guernica. Hay gente hambreada, desolada. Sin espacio siquiera para el enojo. Son víctimas. Les vendieron sus miserables lotes con papeles falsos y promesas de servicio merced a palancas políticas. Hay otros damnificados: los que han sufrieron el arrebato de los ladrones de tierra.

Y en otro plano dramático una policía disconforme amedrenta a los moradores, los jueces mencionan leyes y funcionarios de alto nivel balbucean o miran para otro lado. Esto ocurre en la Argentina de hoy.

 ¿Hay quien se desvele por estos asuntos?

La tensión es perceptible en Guernica. Hay indicios de una resistencia creciente de los nuevos pobladores y de otros que merodean con la intención de ocupar otro espacio o invadir las precarias casuchas de los nuevos ocupantes.

Hoy se iniciaba el desalojo -por parte de medio millar de policías de la Bonaerense-. No será así. La decisión se ha postergado. Son problemas que el Gobierno debe prever y solucionar.

El progresismo resiste a un Gobierno al que consideran propio y del que forma parte. Son responsables.  

 El Juez rechazó un pedido del Foro de la Niñez, la defensora de los derechos de Niños y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo y el programa de DDHH y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho de la UNLP. Militantes y dirigentes de movimientos de izquierda se concentran en el Obelisco y marchan a la Plaza de Mayo, en reclamo de la apertura de una “mesa de diálogo” y para “impedir que haya represión” en el desalojo en Guernica. Participaron el Movimiento Barrios de Pie-Libres del Sur. El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Polo Obrero (OP), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y el Movimiento Darío Santillán, entre otros.  

La ocupación se extiende en la periferia de las ciudades del Conurbano. En un territorio habitado por unos 15 millones de personas, se registran media docena de usurpaciones por semana.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial hizo un censo y busca una salida «negociada». Se pretende impedir el «allanamiento para desplazamiento» como define el Código de Procedimiento a la desocupación no voluntaria. El lenguaje burocrático tiene su imaginación y su impotencia.

La ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic dijo que «no es un tema de inseguridad. Debe resolverse con proyectos habitacionales».

Sí, pero cuándo?   Esta emergencia de carne y hueso no figura en el manual de emergencia de Frederic, recién llegada a la Administración, doctorada en la delicada entretela del progresismo impotente que alimenta las entrañas del propio Gobierno.

LAS OCUPACIONES:

Las tierras tomadas se refieren a la posesión de tierra y/o vivienda sobre la cual el ocupante no tiene titularidad legal. Las ocupaciones ilegales de este tipo –calificadas de villas miseria, asentamientos, bidonvilles, bustees, favelas, kampongs y ranchos califican en tierras del Tercer Mundo.   Crecieron en los últimos cuarenta años. Son ocupaciones ilegales de tierra (terrenos fiscales o en espacios o viviendas sin uso), ya sea en las afueras de áreas urbanizadas o en los intersticios de áreas consolidadas, como las zonas llamadas barrancos en Caracas (Venezuela) y asentamientos a lo largo de las vías del ferrocarril en la Ciudad de México.

Estas ocupaciones se realizan a veces sin planificación alguna o en forma gradual. <pero los asentamientos ilegales suelen ser invasiones de tierra planificadas.

La teoría de la marginalidad define la ocupación ilegal como patrón “normal” de tenencia de la tierra. Los ilegales son una “avanzada” hasta su “consolidación” por medio del acceso a la propiedad y el reconocimiento eventual de su titularidad.

En la mayoría de las ocupaciones ilegales falta una infraestructura básica mínima de servicios – electricidad, agua corriente, sanitarios, recolección de residuos–en viviendas precarias. A varios gobiernos les irritan los asentamientos ilegales. Los consideran “manchas en el paisaje”, que constituyen riesgos para la salud del resto de la población y focos de movimientos sociales radicales. Desde la década del sesenta en adelante, algunos especialistas en vivienda consideraron que los asentamientos ilegales proporcionaban una solución práctica al problema de la vivienda en países pobres de rápido crecimiento.

Para esta visión, el mercado de la vivienda no satisface la explosión de la demanda. La inversión de capitales está destinada a otros sectores de la economía. O sea los asentamientos ilegales serían    una solución funcional, permitiéndole a la población invertir en la vivienda y en el mejoramiento de la misma según las circunstancias.

En algunos países, existen movimientos de ocupación ilegal que ayudan y asistir a grupos sin vivienda en la búsqueda de terrenos donde establecer sus comunidades y la provisión de infraestructura básica mínima –un sistema de tubería para agua, una red básica de drenaje y un transformador eléctrico–.

En algunos casos, los gobiernos promueven políticas de viviendas con núcleos básicos: habitaciones consideradas principales, como una cocina y un cuarto, con posibilidad de ser ampliadas cuando las personas puedan hacerlo o tengan dinero. Hay quienes condenan estas políticas, en tanto creen que son el reflejo de concepciones ideológicas que mantienen las diferencias de clases ya existentes dentro de sociedades desiguales.