SEGURIDAD JURÍDICA

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Las contradicciones de este tiempo, silencioso y de recogimiento, no dejan de sorprendernos cuando las advertimos, porque conmueven aquello que creíamos era el último avance que la inteligencia humana había logrado. La globalización que nos fue introducida como una necesidad del progreso, se derrumba ante un mundo que decide aislarse de todos los modos posibles y cerrarse al mundo exterior.

La salida de esta crisis resultara una bisagra en el desarrollo del mundo por venir, y ya podemos entrever que todo entrará en contradicción con nuestros últimos pasos. Es que el mundo jurídico necesariamente ha de recibir un golpe letal en torno a los paradigmas que se ha intentado instalar. Todas aquellas creaciones que se vinculan a la creación de estructuras supranacionales han de ingresar al mismo cono de sombra en el que entrarán los países.

Obviamente el nuestro no ha de transitar por un camino distinto. Podrá argumentarse que no necesariamente han de ocurrir las cosas que aquí señalamos, no obstante sobre ellas deberá deliberarse y desechar o impulsar las reformas de las que hablaremos.

Todo lo que aparece vinculado a la transnacionalización del derecho habrá de recibir un impacto. El socio principal de la Argentina, Brasil, obviamente ha decidido apartarse de las obligaciones contraídas, ha firmado tratado bilaterales que compiten con el Mercosur, y al mismo tiempo, a resultas del virus chino, ha cerrado sus fronteras y decidido no acompañar las decisiones que sobre la pandemia han adoptado sus socios.

Los inconvenientes de la cuarentena, habrán de modificar el sistema judicial, que necesariamente habrá de terminar informatizado totalmente, con el propósito de desahogar las mesas de entradas de los tribunales, y que evitará la posibilidad de que la actividad se paralice como hasta ahora.

Sin embargo no solo lo instrumental se acelerará con  la incorporación de escritos por la vía informática sino que se complementará adecuadamente con el nuevo código de procedimientos que llevará los procesos penales a una oralidad completa y la gestión de los jueces a sólo decidir quién tiene la razón, siendo así que dejarán de participar en las investigaciones limitándose a resolver lo que las partes lleven a su conocimiento.

De todos modos, deberán generarse remedios que impidan los excesos del Estado, porque, aunque no quiera advertírselo, en la decisión de someter a cuarentena a la población, los Estados han superado los límites que habitualmente debían respetar en punto a la libertad de los ciudadanos. Ciertamente, existe un argumento difícil de contrariar cuando se apoya en la protección de la salud de los habitantes, sin embargo, cuál es el límite que se podrá a la invocación de intereses superiores para ordenar la inmovilización de los ciudadanos?

Hoy nadie cuestiona que se limiten los movimientos de los habitantes, sin embargo, no cuesta advertir que nadie ha intentado señalar que la Constitución Nacional asegura la libre circulación por el territorio nacional y mucho menos que no existe potestad provincial para disponerlo como ha ocurrido hoy, pero que nadie puede asegurar no podría servir de antecedente para, en un tiempo futuro, que alguien intentase reproducir tal intervención en el cercenamiento de la libertad individual.

Lo mismo ocurre con los secretos fiscales y bancarios, ya que entre las medidas de emergencia dispuestas por el Gobierno, para acceder a los apoyos económicos que se ofrecen para paliar el freno de la economía, se proyectó la renuncia a dichos secretos.

Estos avances se pueden intuir también en otras propuestas legislativas que hieren por cierto la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento, más allá de las buenas razones que se invoquen para hacerlo. Tal sería el caso de los nuevos gravámenes que intentan aplicarse retroactivamente para aquellos que se acogieron en su tiempo al blanqueo  y que ahora deberían afrontar nuevas alicuotas sobre lo ya declarado usando ese régimen que legalmente dispuso el Congreso  Nacional.

Hoy nadie se encuentra en la posibilidad de contrariar las medidas que se apoyan en el miedo de una muerte incierta, pero lo cierto es que el Estado ha avanzado sobre los derechos individuales sin recibir ningún tipo de advertencia o cuestionamiento al respecto.

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