REPERCUSIÓN JUDICIAL

0
62


Los actos del actual gobierno se deslizan por distintos carriles, en los que encuentra todos los obstáculos que pudo haber imaginado que se le opondrían. El decreto de suspensión de los despidos y la ley de la Solidaridad previsional y fiscal generó, ya, fuertes enfrentamientos desde los sectores que se sienten afectados por las disposiciones que a partir de ahora, son ley de la Nación.
En estas páginas, hemos dedicado algunos párrafos a considerar el ámbito judicial y su posición frente a la realidad de las instituciones,   es por eso  que en esta ocasión, tampoco podemos soslayar el modo en que ha repercutido en dicho ámbito, la decisión del Ejecutivo.
Es evidente, y lo hemos señalado en numerosas ocasiones, que el emplazamiento del Poder Judicial en la sociedad atraviesa por uno de los momentos de más baja estima. La sensación de su ineficacia, verdadera o construida; la instalada convicción de que sus miembros gozan de privilegios irritantes y la permanente critica a sus decisiones, tornan prácticamente indefendible su posición referida a la subsistencia de su régimen especial de jubilación.
En ese sentido han intentado, los miembros del Poder Judicial, transmitir  las razones para demostrar la injusticia que importaría derogar el régimen que actualmente establece su movilidad.
En ese sentido, han puesto de relieve que los jueces y funcionarios judiciales aportan  un diez por ciento más que cualquier otro trabajador en relación de dependencia, no existiendo tope para el monto del aporte, a la vez que su empleador  también contribuye a las arcas previsionales del Estado con un diez por ciento más que el resto de los alcanzados por esa obligación.
Dicha circunstancia -el esfuerzo conjunto de ambos-, permite que la relación habitual entre trabajadores activos y pasivos (4 por 1), se reduzca en un 25%. Sólo se necesitan 3 magistrados o funcionarios activos para sostener un magistrado o funcionario pasivo. El aporte sobrante concurre también a incrementar las arcas estatales.
Acompañando esas razones, se agrega que en el caso de las subrogancias – actividad hoy frecuente ante la lentitud existente para cubrir la cantidad de vacantes que se han producido- los haberes percibidas por dichos reemplazos  son objeto de los mismos descuentos para el sistema previsional, aunque  esos montos nunca se computan en favor del haber jubilatorio. Dicho de otro modo: el Estado se sirve de ese adicional para cobrar, pero nunca para pagar al aportante.
Insisten los que integran ese sistema, que la ley les exige una edad de 60 años para alcanzar la jubilación, y en 30 años el tiempo mínimo de aportes. En ningún caso el exceso de uno puede compensar la falta del otro. Como en la mal llamada “familia judicial”, la mayoría de sus integrantes comienzan a trabajar entre los 18 y los 25 años, al alcanzar la edad jubilatoria llevan un excedente de entre 5 y 12 años de aportes donados al sistema previsional estatal. Así como hay jubilados sin aportes, también existen aportes sin jubilados. Un juez que cumple 60 años y lleva trabajando en tribunales desde los 18, donó solidariamente el 40% de su vida como aportante previsional.
Reforzando sus razones, los que en estos días hicieron escuchar su voz pusieron de resalto que para jubilarse como juez, tiene que haberse desempeñado diez años en el cargo , añadiendo que quienes abrazan la carrera judicial son graduados universitarios con títulos de grado, posgrado y en varios casos, doctorados. Muchos también participan en actividades científicas, académicas y docentes, que aseguran su capacitación y actualización y tienen dedicación absoluta y exclusiva para la función.
Si a ello se suma que sus miembros conforman el plantel jerárquico estatal con mayor capacitación académica entre los poderes constitucionales, (no sólo se les exige un título universitario sino que para acceder a la magistratura, deben superar exámenes de idoneidad bajo control directo de legisladores, académicos, asociaciones de abogados y los propios jueces ya en función).
Mientras en las últimas décadas ningún integrante de los poderes ejecutivo o legislativo fue sometido a un sistema de control interno, varios magistrados fueron denunciados, investigados, juzgados y hasta expulsados, por su actuación irregular, a través del Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Enjuiciamiento.
Como  se  ve, existen motivos  que podrían dar razón a los miembros del Poder Judicial para defender el sistema de su retiro, sin embargo no escapa a nadie,  que el momento en el que se plantea el tema no es el mejor para recibir el apoyo necesario para excluirse de las medidas que se proponen. Podrá argumentarse que quienes hasta hoy laboraron presumiendo que habrían de recibir aquello que la ley les concedía, se ven sorprendidos con una realidad que, de haber conocido con anterioridad, quizás pudo llevarlos a elegir una actividad profesional distinta en su vida. Sin embargo, muchos otros argentinos podrían decir lo mismo en cuanto a sus expectativas de vivir en un país mejor que este,  que encuentran al final de sus días.
Más allá de esta cuestión doméstica, el devenir de la Justicia no deja de transitar por los carriles previstos, existe una mayor liberalidad para disponer libertades y un mayor rigor en el análisis de las pruebas que pudieran complicar a los Funcionarios del ex actual Gobierno –paradoja temporal que quizás ni Borges hubiera imaginado- al tiempo que comienzan a florecer denuncias y agravios penales de la recién fallecida Administración.
Finalmente  la impresión a la que nos refiriésemos en oportunidades anteriores, en el sentido de encontrar diferencias sutiles entre lo manifestado y lo obrado por Alberto Fernández, parécenos ahondarse  entre lo expuesto en el sentido de poner distancia entre la Justicia como Poder independiente, y los operadores y los servicios de inteligencia que tanto se habrían aproximado al ámbito judicial.
Lo dijimos cuando nos referimos a quien aparecía designado en el Ministerio de Justicia como segundo de la Dra.  Losardo   y podemos decirlo ahora cuando se coloca al frente de la AFI      a una Fiscal, lo que, paradojalmente, parece establecer un puente entre dos orillas que se declama, no habrían de tocarse.
Los profundos cambios que se avecinan en esta sociedad gastada y escéptica no resultan previsibles, pero las sorpresas se intuyen a la vuelta del camino y casi nadie se sorprenderá cuando ocurran , pues todos estaremos atentos a la forma en que languidece nuestra economia,  que todos esperamos ver renacer  de las cenizas, y que desplaza del análisis  a cualquier otra cosa que pueda ocurrir,  aunque sus consecuencias sean mas gravosas que la estrechez a la que nos sentimos sometidos.