POR LA VUELTA

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Ferdinand Amunchásteguy. Nuestro futuro cada vez se torna más previsible y nuestra realidad menos auspiciosa. Iniciamos la semana conociendo la decisión del gobierno Uruguayo que negó la posibilidad de considerar a “Pepin” Rodríguez Simón un perseguido político. Más allá de la circunstancia individual que afecta al abogado, lo que no puede dejar de advertirse es la propagación por contagio de esa circunstancia, a quienes fueron hasta hace poco, sus compañeros de ruta.

Es que la decisión internacional quita finalidad política a la denuncia, convirtiéndola en la investigación de un episodio irregular propio del derecho penal. Cierto es que la decisión de la Justicia local aún no llega a avizorarse, pero tampoco puede dejar de advertirse que lo decidido en la Banda Oriental facilita cualquier decisión a la que se arribe, ya que  desde ahora, la pesquisa  ha  quedado  bautizada como regular y ajena a cualquier tipo de partidismo.

Esas noticias que deben pesar en su ánimo -el de Pepín- no dejan de ser el resultado de su poco feliz decisión de extrañarse en el Uruguay. Ningún indicio existía de que la libertad del expatriado estuviese comprometida y, menos aún,  si se hubiese presentado al primer llamado; sin embargo, su ansiedad -que alguna vez le hizo  proponer a dos miembros de la CSJN por decreto,  mientras el Congreso estaba en receso- le volvió a jugar una mala pasada cuyas consecuencias, esta vez, recaen sobre el mismo.

Alguno de los enemigos que supo cosechar desde las sombras, aprovecha su infortunio temporal, para recordar las numerosas acciones que en el campo judicial propulsó y que tuvieron un alto costo en la gestión del ex Presidente Macri. Desde la no designación del Procurador General hasta la maniobra ejecutada para desplazar al juez Lorenzzetti, son varios los reproches que se le hacen y que, seguramente está en su mente, alguien puede intentar cobrarle  en este tiempo en el que no cuenta con los apoyos suficientes para salir airoso.

Uno de esos escenarios ya empieza a vislumbrarse ante los rumores de que el ex Presidente Lorenzetti se encuentra próximo a recuperar su sitio en  el Alto Tribunal, del que fue desplazado -sin demasiada elegancia- en una maniobra que muchos identificaron como un golpe de Palacio. Esa circunstancia, abre muchos interrogantes sobre la actividad futura del Tribunal en el que, aunque no hayan trascendido, han quedado importantes grietas entre sus miembros. Que Lorenzetti y Rosatti tenían alguna diferencia, no era ignorado entre aquellos un circulaban por los pasillos del cuarto piso, pero la participación del conprovinciano en su desplazamiento no creen que fácilmente pueda ser olvidado por quien se encuentra próximo a recuperar la conducción de la Corte. La asintonia entre Rosencratz y Lorenzetti es casi  una obviedad  y la labilidad de Higton no la deja en el mejor de los lugares.

Así y todo, la cuestión no es sencilla, ya que salvo el comportamiento del Juez Maqueda, Lorenzetti podría no recuperar en plenitud el poder que supo tener y ello repercutiría en su intervención en temas de alto contenido político.

Lo cierto es que la situación no se presenta saludable para la República, cuya supervivencia hace tiempo que se encuentra en crisis, sea por los avances que ha justificado la pandemia, sea por la grieta que nos afecta y radicaliza las posiciones, sea por el inconciliable individualismo que se impone entre los habitantes de este suelo o por los profundos cambios que admite la sociedad. Ese proceso por el que atravesamos -en el que están todos los ingredientes mencionados- ha de generar una síntesis que ignoramos hacia dónde nos conducirá, pero que, dado la decadencia que se advierte en la preservación de la institucionalidad, no augura el mejor de los escenarios.

El rechazo o la crítica, a la eficiencia del Estado para resolver los problemas de los ciudadanos, casi podría confundirse con el “anarquismo” de principios del siglo 20 con la diferencia que ahora, ese rechazo no es propio de unos pocos, sino el sentimiento de demasiados.

Los nuevos  ingredientes se incorporan a la sociedad, los representantes de la economía popular o la nueva categoría de “autoconvocados”- que son aquellos que no pueden señalar a quien representan-y que se ha difundido en todos los ámbitos ( desde los padres hasta los recientes “cayetanos”) obliga a pensar en una sociedad distinta a la que conocemos, en la que los diversos “colectivos” pueden conducirnos a un esquema novedoso, como es el actual, si intentamos interpretarlo con las reglas que  nos gobernaban a mediados del siglo pasado.