“NEGOCIO CHINO”

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Ferdinand Amunchasteguy.  El inicio del invierno se acompaña con la imagen desesperada de una estepa helada, reflejo del ánimo de los porteños, agobiados por un interminable encierro que los acerca, lentamente, a la desobediencia y la incomprensión. Antes era un murmullo ahora, ya con desenfado, se llega a cuestionar la existencia misma de la pandemia, a la que intenta vincularse a una maniobra encaminada a ocultar la quiebra del sistema financiero mundial.

Los días pasados, un centenar, han dejado el vacío que el tiempo suele llenar con pensamientos antojadizos y rebuscados, de los que huye la razón y se hace dueña la fantasía. En medio de esa confusión, la sociedad continúa con sus movimientos, algunos desapercibidos y otros de extraña repercusión. Posiblemente, el que más reacciones ha generado y se ha expuesto públicamente, es la posible expropiación de VICENTÍN.

Más allá del análisis jurídico -que ya se ha efectuado- no alcanza a entenderse el error político en el que se ha incurrido al comunicar, extemporáneamente, lo que aún no ha ocurrido y que consiste en el desapoderamiento de la empresa. Lo cierto es que más allá del presunto mantenimiento de la fuente de trabajo, resulta inexplicable es que el Estado se convierta en deudor del singular pasivo que posee la empresa, superior a todo lo que pudiera recuperarse adueñándose de la misma.

Sin embargo, lo ocurrido ha sido suficiente para despertar viejos argumentos y producir un deterioro en la imagen del gobierno, aparentemente, innecesario. Han surgido, en boca de la oposición, argumentos viejos que solo pudieron volver a la palestra por el desafortunado hecho de asociarse al suceso no concretado, de expropiar una empresa vinculada al agro. Enunciar esa decisión y rememorar la famosa “125” -aunque no se parezcan en nada- ha demorado sólo segundos y “el banderazo” -escaso en gente más allá de su divulgación- permitió traer a la memoria las trascendentes movilizaciones del campo en aquel tiempo e igualar una lucha que en los hechos hoy ni se parece a aquel otro episodio que, en definitiva, pudo salvarse con la actuación  del vicepresidente Cobos quien, pese a los denuestos, consiguió sortear el problema que hubiera llevado a un enfrentamiento sin precedentes.

Cobos hoy no está a la mano, por lo que, inexplicablemente, no existe una salida para el entredicho que se ha establecido y todo parece restar en el terreno en el que se ha planteado. El Estado Nacional carece de los capitales necesarios para lanzar una campaña de compras de empresas esenciales, la singular adquisición de VICENTÍN S.A. carece no ya de utilidad pública, sino de cualquier provecho;  debe más de lo que vale y el Estado está imposibilitado de negociar un mejor plan de pagos que el que la concursada pueda intentar proponer.

Para compararse con el virus tan de moda, un “negocio chino”. Poseer la empresa no permitiría intervenir en el mercado como formador de precio -eventualmente podría detener algún tipo de operación irregular de las que se efectúan con las importaciones temporales de grano y que ocultan parte de la producción local para evadir el pago de los impuestos locales- y  solo generaría una difícil actividad comercial para obtener un producto que difícilmente logre  una empresa que ha perdido la confianza en aquel al que le entrega -con una promesa futura- su producción.

Esta situación tiene de preocupante, a nuestro juicio, la evidencia de errores políticos que, trasladados a otras actividades podrían hacer tambalear al Gobierno, haciéndole perder la confianza que generó en sus orígenes, frente a un torpe desarrollo de sus políticas futuras que ya se critican sin haber sido siquiera expuestas.

Ya no se valora como correcta la posición frente a la pandemia, el comportamiento en general empieza a ser considerado como errado, la insinuación del aumento de los Ministros de la Corte -si bien podrían encontrar soporte en razones técnicas y constitucionales- se diluye en lo que parece ser una búsqueda de poder hegemónico, comprensión reforzada por un proyecto de modificación de la Justicia Federal, mal explicado y que solo aparenta querer avanzar sobre la independencia del poder Judicial.

El tema ya se intentó imponer en el primer gobierno de Néstor Kirchner y nada hace suponer que sí en aquel tiempo no pudo prosperar, lo haga ahora, en un convulsionado país, atenazado por la difícil situación económica que habrá de dejar esta larga cuarentena y el mal humor que lentamente empieza a enseñorearse en él.

Al  enfrentamiento con la Corte que ya se comentase,  y que se evidenció en el movimiento iniciado para sacar de su ámbito la oficina de escuchas telefónicas , se suman las expresiones del Presidente del Consejo de la Magistratura,  intentando apropiarse de fondos que conserva la Corte en su espacio de incumbencias y que sugiere como solución, el aumento de sus miembros para restarle poder a los actuales integrantes, el reposicionamiento de pliegos enviados al Senado para designar nuevos jueces, la propuesta del Procurador General -jefe de los Fiscales en una nueva estructura de la Justicia Criminal,  en la que se le han concedido importante y amplias facultades-y el avance sobre jubilaciones y aumentos, no son el mejor prólogo para una administración cuyos jefatura parece deslizarse entre dos distintas formas de pensar y actuar.

La memoria de ciertos modos que en su momento le permitieron a “cambiemos” alzarse con los votos necesarios para ser Gobierno se dejan traslucir, ahora, en ciertos erráticos comportamientos del Presidente a los que se confiaba era ajeno. La crisis por la que atravesamos  -recién iniciada por cierto- , requiere de una conducción política clara y de un liderazgo evidente, si esos dos presupuestos se encuentran ausentes o puede dudarse de su existencia, el éxito de la gestión  parece comprometido y, nuevamente, la estepa helada se convierte en el escenario por el que discurrirá nuestro futuro.