MILAGROS.

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Ferdinand Amunchásteguy. Desde que Milagros Sala fue convertida en una bandera política, en los pliegues de su pollera se enredaron los principios políticos y aquellos otros privativos del ejercicio de la Magistratura. Esta enunciación, obviamente, no implica una afirmación en ningún sentido, ya que de ser así, no dejaríamos de caer en alguno de los extremos anunciados que, creemos, deberían ser inconciliables.

Lo expuesto, solo intenta formular una hipótesis de la que habremos de extraer distintas conclusiones. En primer lugar, que tanto para unos como para otros, lo que se encuentra vinculado a ella no solo posee relevancia jurídica, sino que se instala en el terreno de las manifestaciones de la política activa, sea como cabeza de la rebelión de los desposeídos, sea como la representante más evidente de la corrupción, que se escuda en la ayuda que jamás alcanza a los declamados beneficiarios de ella.

Así las cosas, unos la han convertido en una “presa política”, mientras los demás la consideran la encarnación de la corrupción esencial que infecta nuestro sistema y que construye su poder a partir de un clientelismo injusto y desigual. Aunque lentamente nos acostumbramos a vivir en ese confuso mundo, hacia donde miramos encontramos manifestaciones de esa burla esencial al criterio de justicia que debiese animarnos.

Emparejada a esta situación, encontramos el suceso que tiene  como protagonista a la pareja de Carolina Piparo, -detenido ya hace días-, que también presenta una situación bifronte. Para unos, el accionar del ahora detenido obedeció a la torpe e indebida pretensión de concretar la justicia de mano propia, agravándose dicho accionar por el hecho de haber equivocado la persona sobre la que dirigió su violencia. Para otros, solo la víctima de una situación confusa de la que fuera protagonista y por la que debe pagar un precio diferente, solo por hallarse vinculado a una persona de una posición política diversa a la que gobierna el país en este tiempo.

Aunque parezca sólo un juego de palabras, cabe preguntarse si se intenta judicializar la política o politizar la justicia. Cualquiera de las dos opciones encontrará motivos para justificar su elección y, el ánimo exacerbado de la población, una justificación para liberar su ira. Esto último se ha visto en la ciudad de Rojas en la que, tras el homicidio de Ursula -la sociedad toda ha entrado en la familiaridad de llamarla por su nombre de pila-, un pueblo   indignado ante lo que intuye es un encubrimiento policial y la inoperancia de un Juez de Paz, ha actuado, emulando a Fuenteovejuna, destruyendo todo lo que representa a la Autoridad ausente.

El escepticismo sobre nuestras instituciones llega al extremo de ignorar el valor de las decisiones a las que arriba la CSJN, ya que, aún cuando confirmó la condena de Milagros Sala que fue sometida a su revisión, se prefiere entender que ha sido, no por un acto de justicia, sino con la intención de ratificar su Poder ante los embates del Poder político que intenta avasallarla.

Instalada esa duda, amorfa, vaga y general, nada de lo suceda en el ámbito judicial dejará de caer bajo la sospecha de un proceder espurio y descalificable, abriendo paso a un ejercicio incondicionado de los otros Poderes. Varias son las decisiones que los Supremos debiesen dictar en el tiempo próximo, en pocas de ellas la sociedad creerá ver un acto de justicia y, en consecuencia, el clamor de unos y otros encontrará un punto de encuentro, que no marcará la desaparición de una grieta, sino la convicción compartida de un país a la deriva, de un buque sin timón y de un Gobierno que en vez de interpretar los anhelos de sus mandantes, vive permanentemente intentando justificar sus errores, cargando las culpas en las espaldas de los extraños.

La invocación de los desastres heredados,  ya no es suficiente  para ocultar los errores propios, la épica de un relato que intenta construir una epopeya, pero que convive con la sospecha de que se han perdido las garantías de la libertad, construyen una escena que debe preocupar por cuanto la idea de que la autoridad no existe o está ausente, puede instalar la idea de que es necesario que cada quien se provea su propia justicia, lo que, definitivamente, importa la muerte de las instituciones y la República.