LOS JUECES.

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El año comienza, con la misma incertidumbre con la que finaliza. Esa circunstancia que no debiese sorprender a nadie, ya que un cambio de número no puede generar una mágica modificación de las cosas, sin embargo,  expone las pobres expectativas existentes de que pueda, verdaderamente, generarse un nuevo escenario que vincule el ámbito judicial con la sociedad en la que actúa.
La única noticia que preanuncia la posibilidad de alterar esa situación, es la reforma de convertir a Jueces Nacionales en lo Criminal y Correccional con jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires, en Jueces Federal como un modo de alterar la prominencia de los que ahora habitan Comodoro Py.
A nadie escapa que sumar cerca de un centenar de jueces Nacionales a los doce existentes, transforma a estos últimos en una sombra de aquellos que parecían gobernar los procesos en los que aparecían involucrados Funcionarios y personajes de la política nacional. Sin embargo, la cuestión de ese traslado no será tan simple como exponer sus consecuencias.
Desde hace tiempo que se ha intentado transferir la justicia a la ciudad, alternativa que no lograron concretar, a pesar de los esfuerzos puesto en ello, las autoridades de ciudad autónoma que han buscado, desde su creación, hacerse de una justicia local con todas sus competencias.
Cierto es que los llamados jueces nacionales nunca aceptaron incorporarse a la Magistratura local, por considerar que su situación era diferente a la de los jueces contravenciónales  de la ciudad, por poseer acuerdo del Congreso Federal para ejercer su cargo.
Ahora dicho reparo -que los jueces involucrados en el tema, consideraban una “capitis diminutio”- desaparecería pues, en su concepción, lo que podría augurarles esta decisión les impondría una suerte de jerarquización que no incomodaría su orgullo funcional.

Sin embargo, ese paso no resultará tan simple, pues ha sido la Corte Suprema la que al expedirse sobre el pase de algunos Jueces al Fueron Federal, exigió la existencia de un acuerdo del Senado que transformase las designaciones anteriores adosándoles la competencia federal -así lo hizo al rechazar el pase de un tribunal Oral  Nacional en lo Criminal cuando pretendió transformárselo en Federal- o cuando impuso que se le otorgase un nuevo acuerdo senatorial al Dr. C. Mahiques qué pasó de la Corte de CasaciónNacional a la Casación federal.
Así las cosas, ese movimiento que en su momento también imaginó el ex y actual Ministro Beliz, no dependerán solamente de la voluntad de los transformados Jueces, sino del mecanismo constitucional que les dé contenido y de las paradojales consecuencias que pudieran presentarse.
Dos miembros de la Cámara Federal, poseen acuerdos para integrar la justicia nacional,  situación que podría ser utilizada por el Ejecutivo -siguiendo la doctrina de la Corte- para devolverlos a sus originales Tribunales y designar a dos nuevos miembros de la justicia federal, lo que le habilitaría una notable ventaja estratégica. Sin embargo, dicha situación entraría en conflicto con las razones que pudieran utilizarse para trasladar al conjunto de jueces nacionales a Federal para, como se dijo,  limitar el poder de los que ahora habitan en Comodoro Py.
Cuál será el procedimiento que se imagina para igualar a los que en Tribunales se conocen como jueces de la Constitución, con los Jueces de la ley, es una de las cuestiones que el tiempo develará si se elige dicha circunstancia como una salida válida para diluir el poder de los Jueces Federales porteños, únicos a los que alteraría el cambio que comentamos -ya que los jueces de las provincias se verían excluidos de cualquier cambio en el sentido apuntado-.
Mientras intenta instalarse la situación expuesta más arriba, la justicia resuelve los temas menores que solo demuestran su escasa trascendencia. Decisiones sobre conductores ebrios o accidentes de tránsito, es lo único que se muestra como consecuencia de una actividad que, no obstante, no es recibida por la sociedad como un aporte valioso.
Junto con la falibilidad, a veces cierta y otras magnificada por los medios para justificar el ataque que se dirige contra la judicatura, los hechos parecen ensañarse en demostrar ese extremo. Se ha convertido en noticia central,  la mujer que tras once años de encierro,  fue encontrada inocente por la Corte Suprema.
Obviamente, casi todos los comentarios son  de indignación, pero exponen la inconsistencia de los juicios que genera nuestra sociedad sobre estos temas. Si respecto de esta mujer se hubiese respetado que hasta no mediar sentencia firme definitiva hubiese permanecido en libertad, la injusticia que indigna a todos ahora, no hubiese  podido ocurrir. Sin embargo, cuando el mismo principio aparece vinculado a otros temas, el repudio se generaliza y la opinión es contraria.

Los principios no son el problema, obviamente, sino lo que los argentinos pensamos cuando llega el momento de aplicarlos. Reflejamos en otros  lo que jamás aceptamos para nosotros, y del mismo modo, pretendemos que las decisiones que se adopten sean obedecidos por los demás pero que nos excluyan de cualquier esfuerzo que pudiera correspondernos.
Es la sombra de nuestra decadencia la que nos persigue en este atardecer de la República en la que las luces se apagan y la oscuridad nos acecha. No queremos advertir que sin la existencia de un poder judicial fuerte e independiente, el modelo de democracia que conocemos está destinado a desaparecer. Es posible que corresponda generar un cambio, pero en ese caso, cabe esperar un debate sincero que haga comprender que el cambio será de sistema y cuál es  el propuesto para reemplazar al que conocemos. Lo único cierto es que, sin respeto por el Poder Judicial y sus decisiones, el actual se encuentra fulminado de muerte.