LABERINTO DE ESPEJOS

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Ferdinand Amunchásteguy. Cuantas veces se puede afirmar al mismo tiempo que lo correcto es una determinada situación y su opuesta? La razón parece indicar que ni siquiera una; sin embargo hoy en nuestro país, para variar, alegremente nos alejamos de la lógica e intentamos sostener que el principio de no contradicción que le demandó horas a Aristóteles desarrollar, es una ficción que pudo haber creado Borges en una conversada tarde con Bioy.

Porque ponemos ahora nuestra atención en este punto? Pues, solamente porque la irracional crítica política ha iniciado el tránsito por ese terreno, afirmando al mismo tiempo, que son  ganadores tanto los que han jugado pares, como los que encomendaron su suerte a nones. La sociedad aparece bombardeada, con afirmaciones que se oponen a determinadas movilizaciones pero no a otras;  que insisten en la reducciones del gasto público pero exigen que el Estado brinde asistencia a quienes se encuentran desamparados; que denostan a los empleados públicos pero que piden una mayor estructura del sistema sanitario o docente  estatal; los que reclaman la baja de impuestos pero no creen que el Estado no deba cubrir las necesidades de los ciudadanos afectados por la desgracia; los que critican la justicia, solo cuando no resuelven de acuerdo a sus intereses, pero que intentan prestigiarla solo cuando la coincidencia en los criterios, le otorgan legitimidad a sus propias acciones.

En ese sentido, no puede dejar de advertirse el continuo ataque destinado a ciertos integrantes del Poder Judicial y no a otros que han generado decisiones tan opinables como los primeros, solo que desde  una óptica opuesta. En ese sentido, llama la atención el  comportamiento del Ministro de Justicia, en abierta disputa con aquellos con los que, en realidad,  debiese mantener una relación que buscase la armonía entre dos Poderes del Estado. Contrariamente a ello, la posición asumida es de abierta confrontación, incluyendo términos y calificativos impropios en la boca de un integrante de la administración del Estado.

Así, en este laberinto de espejos equivocados, asistimos a una marcha multitudinaria, colmada de gentes que reclamaban  una ayuda mayor por parte del Estado  mientras, contemporáneamente, se limita la actividad de la sociedad en aras de preservar su salud. Un cuadro semejante se desarrolló en el norte, donde el bicentenario de la muerte de Güemes sirvió para desplazar a sus tradicionales gauchos y generar un pequeño escándalo local que incluyó la renuncia airada del titular del Organismo encargado de conducir la lucha contra la Pandemia.

Del mismo modo, la suerte de Milagros Salas, declarada autora de delitos que todos percibieron -y de otros que continúan siendo investigados-, intentó presentarse como el resultado de una persecución política y no como la decisión privativa de los Jueces a los que se sometió su situación. Así en esa distorsión, también se atacó a integrantes del Ministerio Público fundándose en hechos falsos,  pero de imposible verificación para el hombre común, lo que agrava la actitud de quienes las propalan, pues introducen en la discusión política cuestiones que le son ajenas y que, especialmente, el Gobierno debiese proteger para mostrar su espíritu democrático y republicano que, por estos motivos puede parecer en crisis.

Lamentablemente, en este tiempo de pandemia -casi el mismo que acompaña a este Gobierno – se han visto limitados diversos derechos individuales que, de no existir esta situación de excepción, no encontrarían razón para no ser repudiados, y demostrar un desvío de los principios y garantías constitucionales que nos amparan. En él mientras tanto, los ciudadanos esperamos que termine, como alguna vez sucederá, esta pandemia y esperamos encontrar, cuando ella ocurra, restaurada la República y respetada la Justicia, única garantía que tienen los habitantes de no ser avasallados en sus derechos y tener seguridad en sus libertades. Esa tarea se encuentra en manos de esta Administración, y específicamente en el área del Ministerio de Justicia que, por ahora, no ha demostrado demasiada preocupación por obtener ese resultado como consecuencia de su actividad.

Cualquier reforma que intente introducirse en el sistema judicial, no puede alejarse del principio de independencia que debe primar en su actividad, de lo contrario en vez de un Poder de la República nos enfrentaremos a una dependencia administrativa que imitará las formas de un Tribunal de Justicia, solo para imponer los principios de la política de turno y vulnerar la vida  del ciudadano que no encontrará defensa  a los excesos que puedan afectarlo.