LA PANDEMIA ELECTORAL

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Por: Natalio Botana. En este año predomina la política electoral con dos condimentos. El primero, novedoso, es la pandemia; el segundo es semejante al mito del eterno retorno: votaremos, como es habitual, padeciendo los efectos de una economía en crisis.

En términos electorales, esta circunstancia repetida cada dos años es consecuencia de un diseño constitucional de antigua data ratificado por la reforma de 1994 y acentuado después por una ley de primarias abiertas y obligatorias.

Este sistema requeriría, para tener resultados positivos, una convergencia de los partidos y coaliciones hacia el centro del espectro político sobre la base de ciertos consensos básicos en torno a la economía y a los bienes públicos propios de una democracia. Lo que entre nosotros no acontece.

En su lugar, el intenso ritmo electoral recoge los ánimos alterados de una polarización cargada de intenciones hegemónicas y de resistencias vigorosas. Esta dialéctica se desenvuelve en medio de la inseguridad, la inflación, el desempleo, la pobreza y la corrupción. La pandemia desde luego aceleró estas carencias.

Además, por ser un fenómeno global, la pandemia nos coloca frente a un contexto internacional que es, a la vez, planetario y oligárquico, por tanto desigual.

La esperanza de que la ciencia y la tecnología pudiesen ser un patrimonio universal choca con la realidad del poder de los Estados nacionales y con el pobre papel que, al respecto, desempeña la Organización Mundial de la Salud.

Dado este esquema, hoy al planeta lo atraviesa una geopolítica de las vacunas según la cual, en una carrera en procura de la inmunidad, habrá ganadores y perdedores.

Los Estados Unidos pican en punta en números absolutos, China no le va en saga mientras, junto con la India y los Emiratos Árabes Unidos, emprende una política de “poder blando” con las vacunas que producen para expandir su influencia.

Ni hablar de Rusia (en estos días uno de nuestros mayores proveedores en potencia) que, merced a la calidad de su vacuna, encara una distribución poco transparente con entregas a cuentagotas.

Sería deseable que esta situación sea superada, pero por ahora el problema persiste. El contingente de vacunas nos coloca en una posición poco envidiable; al 11 de febrero

Los ejemplos de Israel, ocupando el primer lugar en el mundo, y Chile, encabezando el lote en América Latina, deben subrayarse. No son grandes potencias, aunque en Medio Oriente sí lo es Israel; sin embargo, ambos dan cuenta, amén de la capacidad científica y militar de Israel, de una destacable solvencia fiscal.

Bien vale la comparación. Pese a los agudos conflictos sociales que agitan a la sociedad, el Estado chileno es mucho más fuerte, en términos fiscales, que el Estado argentino; puede de este modo operar en un mundo incierto, adquirir un conjunto de vacunas y aplicarlas en tiempo récord. En verdad no hay Estado en forma sin solvencia fiscal.

Es lo que Argentina ha dilapidado recurriendo, para mitigar este vacío, a la emisión monetaria o al endeudamiento. De este descalabro no se sale con parches de corto plazo (siempre se repiten los mismos) sino profundizando consensos.

El hecho de concurrir a las urnas por partida doble cada dos años combinado con un estilo que convierte la competencia en un combate agónico, impide alcanzar este propósito.

En semejante atmósfera, la gobernanza declina porque el horizonte de las decisiones queda limitado por el imperativo electoral. El mismo se agrava si los contendientes están poniendo en juego un pasado aquejado por presunciones de corrupción.

Esta falla en el comportamiento cívico agudiza el tono agonista de la contienda: hace de la Justicia un trofeo a conquistar para postergar debidas sanciones legales y refuerza en las oposiciones el sentimiento regeneracionista que busca condenar a los presuntos culpables.

Con todo, estos factores no pesarán exclusivamente en el electorado. El combate entre corruptos e incorruptibles atañe a las dirigencias; la privación de necesidades básicas impulsada por la pandemia va más lejos porque atañe a toda la estructura social.

Es un sacudón que impacta al Gobierno y a la oposición. Por el lado del oficialismo asistimos a una restauración con el objetivo, tan gastado en otras circunstancias, de postergar decisiones fiscales para llegar a las urnas con alguna probabilidad de éxito: anclar el dólar, controlar precios, congelar tarifas, aumentar salarios, detener importaciones, amenazar al campo con impuestos (asunto ahora en suspenso). A este mejunje se lo llama economía electoral, un traje a medida que siempre aprieta al paso de una inflación creciente.

En vista del escaso rendimiento de la vacunación en estos meses de verano y de la obligación de habilitar las PASO en agosto, a este desafío lo asalta una incógnita: ¿Qué escenario tendríamos si afrontamos una segunda ola de contagios durante el otoño-invierno con un servicio insuficiente de vacunas?

Aquí entramos en terreno minado. Perturba a la oposición la posibilidad de eliminar o prorrogar las PASO, o bien de aplicarlas en las elecciones de octubre con una ley de lemas al modo de Santa Cruz y de Formosa, trasladando así las peores prácticas provinciales al ámbito nacional.

Si se manipulan al servicio del gobierno de turno las reglas electorales, se manipula asimismo el fundamento del régimen democrático cuya legitimidad descansa en el respeto a dichas reglas.

Al mismo tiempo, estas tácticas demandan a la oposición afianzar un liderazgo colectivo que se imposta en nuestra tradición de liderazgos personalistas. No es sencillo avanzar con estos condicionamientos; empero la oposición debe hacerlo cuanto antes inspirándose en el doble sentido que tiene la virtud política: virtud para defender con la verdad el sentido ético de la república y virtud entendida como la habilidad del político para acordar, rearmar el espacio de centro, y convocar a la ciudadanía con mensajes convincentes.