LA “NUEVA ETAPA” JUDICIAL

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Ferdinand Amunchásteguy. Con el descontento especialmente de los habitantes de la ciudad, se han iniciado los días de la nueva cuarentena que nos ha impuesto el virus chino en su nueva edición potenciada. Las críticas de los sectores que han de ver menguada su actividad se alzan hoy, con más fuerza que en la anterior restricción. Sin perjuicio que en esta ocasión las medidas han sido menos severas que cuando se impuso el ASPO en el 2020, lo cierto es que el ánimo de la gente ha variado y aun cuando posee la certeza de que lo que está por venir es más grave que lo vivido hasta hoy, prefiere negar esa realidad y rebelarse contra las medidas que implican una limitación a sus derechos y un perjuicio a su economía.

Mientras tanto, desconectados de la realidad, los enfrentamientos entre la justicia y el Poder político, parecen haberse empecinado en mostrar la más criticable de sus facetas y la más despreocupada de las decisiones en los tiempos que corren. La designación al frente del Ministerio de Justicia de Martín Soria, no encierra demasiadas incógnitas en orden a lo que habrá de suceder en el ámbito, no ya de su incumbencia, sino en aquel otro en el que está dispuesta a actuar.

Sus primeras expresiones al ser designado mostraron, sin equívocos, cuál será su actividad al frente de un Ministerio que debería articular las relaciones con el Poder Judicial y no buscar imponerle el criterio político -no jurídico- con el que intenta alimentar su gestión.

Sus manifestaciones respecto de las causas que involucran a la ex Presidente, no son afortunadas en boca de quien no representa una opinión libre, sino la opinión de un gobierno que debería abstenerse de aportar elementos que pudieran poner en duda su respeto por los otros Poderes del Estado. Nada distinto a lo que se presume, puede esperarse de la gestión que inicia Soria, por lo que el tiempo por venir solo augura un enfrentamiento que ningún bien aportará a esta sociedad, ya suficientemente dañada por las controversias generadas en torno a sus instituciones.

Tampoco la Corte Suprema ha dejado de actuar marcando sus incumbencias al decidir sobre un tema que involucraba a la comunidad Mapuche, a la que le otorgó la razón en el tema planteado, generando la posibilidad de multiplicar sus reclamos y tornar aún más ríspidas, las relaciones de esta, con el resto de los pobladores Patagónicos  con los que ya mantienen una dura relación.

Al mismo tiempo, desde el ministerio de Justicia, se inicia una campaña encabezada por su Titular que, so color de intensificar las políticas de género, ha convocado a mujeres integrantes del Ministerio Público Fiscal a un encuentro en el que debatirán las modificaciones a introducir en la ley,   en busca de lograr un “equilibrio de género” entre los fiscales de todo el país, soslayando al Procurador Casal, cabeza de ese órgano extra Poder,-  como lo adjetivó la Constitución del 94-, e iniciando una gestión hostil respecto de aquellos con los  debería  congeniar y conciliar la política criminal.

Se hace obvio que el mismo criterio ha de trasladarse al Poder Judicial Federal -ya fue tratado por Soria y la Ministra Gómez Alcorta- lo que introducirá importantes cambios en la conformación del Poder Judicial aunque, en lo inmediato, impactará en  la elección de candidatos  que ya han  participado en concursos que no tuvieron en cuenta esas circunstancias,  por lo que, sus resultados, podrán ser alterados con este nuevo ingrediente que, empleado discrecionalmente por este  nuevo Ministro, podrá significar esa “nueva etapa” para la que la ex ministro Losardo dijo no estar preparada.

Que el Gobierno está dispuesto a incidir en el Poder judicial, no puede dejar de advertirse. Cuando el Procurador del Tesoro asume un rol protagónico, en causas que incluyen al ex Presidente Macri, puede presumirse que se inicia un nuevo periodo en el que las garantías individuales  podrían vulnerarse,  en  busca de alcanzar los propósitos políticos que tanto daño hicieron al prestigio de la Magistratura  en los últimos tiempos.