JUSTICIA: LO QUE VENDRA.

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Ferdinand Amunchásteguy. Desde la ciudad de Dolores, el sucesor interino del ahora Juez Electoral de la provincia de Buenos Aires Ramos Padilla, citó a declarar por espionaje ilegal al ex Presidente Macri; y en su llamativa actividad, al intendente Martín Yesa de Pinamar. A la vez se  produjo el sobreseimiento de la vicepresidente en la causa en que estaba por iniciarse el debate oral para analizar el pacto con Irán y las declaraciones del ahora verborragico Juez Lorenzetti. Esta semana laboral corta bastó para entretener a aquellos que miran lo que sucede en la casa de Caifas.

Camino a las playas bonaerenses, la ciudad de Dolores y su Justicia decidieron convertirse en protagonistas de la polémica. El Juez Martín  Bava decidió prohibir la salida del país del ex presidente  que todos sabíamos estaba en Miami, y quiso notificarlo donde no vive -aunque los periódicos y los programas periodísticos intentaron suplir ese error. Como no puede suponerse de otro modo, para convocar a un ex Presidente deben existir elementos suficientes que hagan sospechar, con una mediana seriedad, que ha participado en la comisión de un delito salvo, claro está, que el Lawfare, efectivamente, se haya instalado entre los Jueces para guiar su actividad.

El tiempo nos dejará conocer esos elementos y alejará, o no, los  pensamientos de quienes creen que la citación solo encuentra su razón de ser en  el propósito de añadir nuevos argumentos a la lucha para triunfar en las elecciones del 14 de noviembre y deslucir así, la figura del que se atribuye ser el jefe de la coalición opositora.

Inusualmente severo,  el Juez convocante efectuó las citaciones con escasa diferencia temporal entre esas decisiones y la audiencia fijada, rechazando la posibilidad de dar a las defensas un plazo razonable para que pudiesen conocer las actuaciones y las pruebas reunidas. Esa circunstancia reforzó, en algunos, la idea de que se trataba de una decisión política antes que jurídica, que solo perseguía el propósito de poder agregar un comentario disvalioso  a un sector de los que participan en  las próximas  elecciones.

La cuestión adquirió mayor fuerza cuando  se intentó una maniobra similar respecto del Intendente de Pinamar -un joven enlistado en las filas del ex Presidente que ya transita su segundo periodo en ese cargo, con razonable éxito ( supera el 50% de adhesión en su distrito) y que también fue citado por el Juez Bava en indagatoria, con 48 horas de anticipación, sin brindarle acceso a  conocer las pruebas que existirían en su contra, en una causa que fue iniciada por el propio Yesa para desbaratar una maniobra producida con las tarjetas  del programa “alimentar” que fue descubierta por autoridades municipales que de él dependen.

La sospechosa convocatoria parece signar la actividad del Juzgado federal de Dolores, que, desde hace tiempo, extiende su competencia territorial a hechos ocurridos en lugares ajenos a ella. El ex Presidente Macri nunca se reunió con familiares del ARA San  Juan,  en Dolores o cerca, y el hecho atribuido al Intendente Yesa se investiga en el ámbito de la Justicia  Provincial y no en el Federal que pretende convocarlo, todo lo que desluce el accionar del Juez Bava que permite suponer que actúa  como un trebejo de la política y no como un representante del Poder Judicial.

De todos modos, la localía de ese ataque a los integrantes de “juntos”, podría haber pasado desapercibida sino fuese por las personas elegidas para soportarla, el ex Presidente y un joven Intendente exitoso, al frente de un municipio objetivamente esquivo al oficialismo gobernante. No es auspicioso que se intente influir en los Jueces para que generen actos de consecuencias políticas ajenos a su misión y que enturbian la realidad con la aparición de antiguos operadores K conocidos, no justamente, por su corrección o respeto por las instituciones.

Esa es la cara de la moneda que busca disminuir el prestigio del contrincante, pero también existe la otra faz, en la que lo que se pretende es elevar la imagen de su competidor. Pues tampoco se ha desatendido esa dualidad, ya que en este breve lapso se conoció el sobreseimiento de quienes participaron en gestar el memorando de entendimiento con Irán. La conclusión  del proceso por la vía de una excepción procesal, si bien es admitida en la jurisprudencia de nuestros Tribunales, no es habitual y menos,  en causas de especial relevancia.

Tampoco el tiempo de resolver es absolutamente ingenuo, ya que a menos de un mes de un acto eleccionario, la implicancia de esta declaración de inocencia ha de influir en el ánimo de quienes deben emitir su voto. En algunos casos será favorable para los beneficiados con dicho pronunciamiento, aunque para otros actuará como un repulsivo, en la inteligencia de que ello muestra la presión que la política intenta ejercer sobre la debilidad de unos o la militancia de otros.

Mientras tanto, el Juez Lorenzetti hizo saber que sería inminente un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura. De prosperar la descalificación de la reforma -lo cual  parece insinuar el comentario de Lorenzetti- volverían a tener una mayor representación los Jueces. El Consejo volvería a ser presidido por el Presidente de la Corte Suprema,  o sea constituiría un grupo técnico. Tal como sucede en el Consejo que le sirvió de modelo y que intentó reproducir para mejorar el servicio de Justicia, contrariamente a lo ocurre hoy: la política ha comenzado a influir indebidamente en la selección y/o remoción de los Magistrados.

Como se ve, el avance sobre el Poder Judicial ha sido decidido y comienza a implementarse. Es una circunstancia que debe preocupar, máxime frente a las vacantes aún por cubrir en ese ámbito. Ojalá nadie se distraiga de sus responsabilidades y siga atentamente los hechos por ocurrir.