JUSTICIA: LA RECONCILIACIÓN

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Ferdinand Amunchásteguy. La dicotomía que existe en nuestra sociedad se hace cada vez más evidente y queda clara la confusión que existe entre lo urgente y lo importante. En realidad, frente a la realidad por la que transitamos, podríamos decir que ni lo urgente ni lo importante forma parte de la preocupación de quienes han sido elegidos para gobernarnos. Ante la parsimonia con que se enfrentan  los problemas,  casi podría asegurarse que lo urgente no conmueve a nuestros dirigentes que, con lentitud, abordan problemas que en apariencia, debiesen requerir celeridad para reducir la magnitud del daño que pueden producir.

En punto a lo importante, huelgan las palabras, pues transcurridos cuatro meses del año,  el Congreso solo sancionó una ley –la que aprobaba la negociación con el FMI- (cuyo valor, si se computa el costo de funcionamiento del Parlamento asciende a los casi 15.000 millones de pesos) mientras el país se debate entre la pobreza y la desocupación.

De todos modos, el desencuentro no solo existe en las ideas sino también entre las gentes, lo que torna aún más incierto nuestro futuro. La semana se inició con los festejos propios del 1 de mayo, Día del trabajo en el que habitualmente,  todos unidos, los que se ganan el sustento con su esfuerzo cotidiano, conmemoran su actividad y reivindican  sus derechos. Sin embargo, en estas tierras, ni siquiera el trabajo compartido disimuló las diferencias que existen entre nosotros y veinte cuadras separaron los actos en los que los presuntos integrantes  de un mismo sector concretaban su celebración.

Quizás pudo haber sorprendido a algún distraído que, justamente,  la organización que los  nuclea, haya sido la ausente en la celebración, pero ya nada nos sorprende en este pueblo que solo avanza ahondando la grieta que todos dicen estar dispuestos a superar.

Sin embargo, lo que debió llamar la atención es que además del Día del trabajo, el primer día  de este quinto mes, coincide con la sanción de nuestra Constitución en 1853, circunstancia que no debió ser olvidada por todos aquellos que debiesen recordar a los ciudadanos,  la trascendencia que implica haber echado las  bases de una República. Ese lamentable olvido,  permite deducir la importancia que se le reconoce a la ley en estos tiempos, en los que predominan los intereses individuales aún a costa del bienestar general.

Estos enfrentamientos se han multiplicado,  dejando en el desamparo al hombre común,  que debe descreer de sus dirigentes cuando los ve entretenidos  en las pequeñas cosas y las miserias de los intereses propios,  y no en la defensa del bien común. Ese comportamiento, no es privativo del partido que se encuentra en la administración del país ya que la oposición,  bajo el subterfugio de titularse “halcones o palomas”, reproducen  las mismas pobres razones que los  otros, para defender las aspiraciones de ejercer el poder bajo el que debería crecer el bienestar general, objetivo respecto del que nos permitimos ser escépticos, dado lo obrado hasta ahora.

Queda claro que no es la actual administración la que puede generar alguna expectativa en punto a la  evolución de  las instituciones. Sus propuestas, que solo se encuentran entre las sombras que rodean sus designios,  indefectiblemente se vinculan a procurar la impunidad de unos o a lograr la total subordinación de los Poderes de la República a un único propósito, que procura la hegemonía ideológica y la uniformidad de pensamiento.

En ese escenario,  el Poder Judicial parece haberse reconciliado con la sociedad, que cree que es en ese ámbito en el que podrá reencontrarse con aquello que creía perdido, y que espera, ahora con esperanza, que surjan de la boca de los Jueces las palabras   poniendo en claro quién es quién, y que es por lo que cada uno deberá responder, sin importar el color político que representa , sino la ética que ha guiado sus acciones y la justicia que importa, para quienes deben sobrellevar las consecuencias de sus acciones, la gestión que les fue delegada no para su provecho , sino para el beneficio de aquellos para quienes tiene sentido que exista el Estado.