JUSTICIA: LA INDEPENDENCIA ALTERADA

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Ferdinand Amunchásteguy. Como anunciábamos en nuestra última intervención, el avance silencioso sobre la Magistratura se va concretando lenta y sigilosamente. Hasta ahora, la Sala II de la Cámara Federal aparecía liderada por el Juez Irurzun -hijo de otro prestigioso Juez-que, en sus sentencias, poco coincidió con los deseos de los defensores de personajes vinculados a la corrupción. Esa situación desaparecerá en el futuro, pues el Senado y el Ejecutivo, cada uno desde su ámbito, pero en una obvia maniobra coordinada, han repatriado al Juez Fara desde San Isidro -decreto presidencial mediante- y nominado al abogado Boico -ex defensor de la Vicepresidente-para ser designado, acuerdo Senatorial mediante, integrante de esa Sala.
Suponer que ello importará un cambio en la línea de interpretación del derecho, no requiere de ningún atributo de adivinación y solo Indica el inicio del proceso de modificación que, desde su anterior Gobierno, CFK intenta sin suerte. Cierto es que, más allá de la fallida reforma intentada en su anterior gestión -que el propio Poder Judicial frustró-, jamás fue abandonada la idea de alterar la independencia de este Poder y disciplinar su actividad.
Los argumentos utilizados para ello abarcaron desde las más directas expresiones, hasta alambicadas construcciones que pretendieron enmascarar el impresentable propósito. Entre las primeras, la propuesta de que se designasen, sólo, Jueces militantes y, entre las otras, sugerir que las designaciones debían surgir del voto popular -lo que, según quienes impulsaban la idea, les daría un origen democrático-. Esos caminos, todos, exponen un único propósito, que no es otro que lograr que el Poder Judicial actúe siguiendo los designios de los restantes Poderes públicos integrando un bloque que imponga un único criterio.
La construcción del “Lawfare”, no es otra cosa que una sofisticada manera de debilitar la capacidad de una sociedad de poner freno a los excesos del Poder y su aceptación, permite cuestionar la validez de cualquier investigación, partiendo de la dogmática afirmación de que se trata de un proceso interesado en lograr un objetivo político y no en esclarecer una conducta contraria al derecho.
Todos estos pasos, como el avance sobre el Ministerio Publico Fiscal, exponen la decisión de limitar la intervención de los Jueces en el control de la actividad llevada adelante por los restantes integrantes del Estado. Una continua desvalorización, instala en la sociedad la sensación de una existencia superflua, excesivamente onerosa, y absolutamente innecesaria.
Con cierta habilidad, se ha puesto la atención en el papel de la Justicia en su intervención respecto de los hechos comunes de inseguridad y no, en el relevante papel de asegurar los derechos de los ciudadanos y garantizar su vigencia. En ese camino, se restringe la intervención del Poder Judicial como uno de los poderes del Estado en el cogobierno de la República.
Una vez más, debemos concluir que lo actuado, unido al anuncio de un nuevo contrato social concretado en una reforma constitucional, anuncia, so color de una reparación a los desfavorecidos, el cambio de la República como la conocemos hacia una forma política, hasta ahora extraña a nuestras costumbres, y quizás no auspiciosa para nuestro futuro