JUSTICIA: CANIBALISMO POLÍTICO

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Ferdinand Amunchásteguy. La cuarentena ha silenciado muchas voces y cerrado para el debate demasiados temas. El nerviosismo y la apatía, nacida del encierro, han aniquilado la discusión que forma parte de la savia que alimenta una República; salvo los gritos crispados nacidos a raíz de algún tema en particular, el resto no excede los incoherentes balbuceos de algunos que se interesan por los temas menores que son objeto de debate.

Como siempre, algunos de los temas se vinculan a la justicia, siempre vista desde ángulos distintos y con intereses dispares. En ese sentido, no ha dejado de sorprender la reacción surgida a partir de los sucesos ocurridos en Villa Mascardi que, desde un ángulo prescindente, presentan aristas incomprensibles en un Estado de derecho. Establecido el derecho de propiedad de aquellos que ven incendiadas sus propiedades y hostigada su permanencia en ellas, poco es lo que debiese ocurrir fuera de lo previsible, que es que el Estado concurra en auxilio de aquellos habitantes a los que les ha reconocido ese derecho que constitucionalmente se ha comprometido a defender. Sin embargo, en esta Argentina peculiar, no solo el Estado no ha  salido en defensa de ellos, sino que, por el contrario, ha cuestionado su comportamiento de enfrentarse a los que pretenden usurparlos, llegando incluido a generar una denuncia en su contra y cuestionar severamente al personal de las fuerzas de seguridad que les protegieron frente a los pretensos  ocupantes.

Cierto es que se ha desarrollado una intensa campaña en pro de quienes se adjudican derechos anteriores a la conquista -que no es el caso de los mapuches que no habitaban nuestros suelos, sino los tehuelches que, aparentemente, han asumido en silencio, el despojo que los otros defienden con violencia-. Sin embargo, la creación de la República no puede ceder espacio a los hechos anteriores, sepultados por siglos de un comportamiento nacido del acuerdo social  y al que sus habitantes decidieron someterse voluntariamente.

Lo ocurrido en esos parajes del Sur, ha desnudado también diferencias de criterios en otros varios estamentos del Gobierno y, mientras el icónico ministro Berni considera el obrar de los usurpadores como delictivo,  su par Nacional se permitió adjetivar  el comportamiento de aquellos que pretendieron defenderse del injusto ataque a sus bienes, del mismo modo, resultando entonces todos los involucrados convertidos en criminales – en burla del principio de tercero excluido-. En esa discordancia de pensamiento, participó también la Justicia que, amparándose en cuestiones de competencia -entre la federal y la provincial- omitió participar de la obligada solución que estaba destinada a brindar.

Parecería que este es el país que nos toca enfrentar, desordenado, sin criterios claros que propongan un futuro cierto, o por los menos, una forma constitutiva clara.  A medida que pasan los días, descubrimos la lenta decadencia en la que vamos deslizando nuestras vidas en las que, pronto, todo será un recuerdo de otros tiempos, en los que se nos auguraba un futuro promisorio y un rutilante porvenir.

Nuestras instituciones depreciadas y nuestro pensamiento menguado, nos hace oír en boca de quienes nos dirigen,  sentirse culpables de poseer una ciudad opulenta anunciando, como  insinuante propuesta, pauperizarla, de modo de igualar a sus habitantes en el peor estadio, camino en el que lamentablemente parecemos estar inscriptos.

Este conjunto de desaciertos, la relación conflictiva entre los integrantes de una misma postura política, y la indefinición respecto de cuál debería ser el norte a lograr, es lo que ha permitido, sin pudor, que un ex presidente augure un golpe militar exponiendo una operación similar a la que concluyó el gobierno del ex presidente De la Rua, obra de una política descarriada y no de la proyección autoritaria de un grupo militar. Si el canibalismo político se instala en estas tierras, deberemos pensar en convertirnos en “manteros” en algún país africano que tenga la bondad de acogernos en sus calles.