EL NUEVO DERECHO

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Ferdinand Amunchásteguy. Hace mucho tiempo, cuando alguien hablaba de género,  las personas simples asociaban la conversación con las telas que podían utilizarse para adornar la casa o hacer ropa. Desde ese tiempo a hoy, todo ha cambiado, seguramente nuestras cabezas se han cubierto de canas y nuestras ideas han evolucionado, para pensar cosas distintas a aquellas que nos ocupaban en nuestra juventud. Hoy ya hemos incorporado, aunque no se haya generalizado, la existencia de un lenguaje inclusivo, la diversidad, los distintos tipos de acoso y, obviamente, el género y sus circunstancias.

Esta evolución del pensamiento de la humanidad encierra, también,  la posibilidad de que ciertos sectores no consigan adaptarse a ella y malgasten su pensamiento en atacar algo que inevitablemente ha llegado para quedarse. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la construcción de un nuevo derecho se abrió paso sin detenerse y hoy se siguen incorporando criterios y acciones cuya categorización no era considerada hace solo unos pocos años.

Posiblemente la que resulta más advertible, por lo rotundo de su avance, es la de la igualdad de género  que,  a diario, se extiende a nuevos campos a los que se incorpora ocupando un lugar central. Tan obvia es esta afirmación, que en nuestro país se ha inaugurado un Ministerio específico para atender esa circunstancia que la sociedad hasta ahora venía soslayando, asumiendo que una estructura  patriarcal se compadecía con un mundo equilibrado.

Posiblemente, como casi todo lo que nos sucede, la posición frente al tema, hoy, resulta extrema, y aún debe pasar mucha agua bajo el puente para encontrar el equilibrio que estos avances exigen. Solamente para demostrar la demasía con la que se ha abordado el tema, podemos recurrir a la idea lanzada por el flamante Ministro de Justicia que, por otra parte,  parecería haber alcanzado algún éxito en los deseos de la ex Presidente, que ya fue liberada de la causa del “dólar futuro” por los Jueces a los que advirtió en su encendido alegato que todos pudimos ver por los medios.

Decíamos entonces, que el ministro Soria ha hecho pública su propuesta de que en el ámbito de la Justicia se tenga en consideración la proporcional participación de mujeres en las vacantes a cubrir en el futuro. La información que se hizo conocer, solo puso atención en el hecho de considerar trascendente la cuestión de género olvidándose de cuál es el sistema  de selección de los Magistrados.

Desde la creación del Consejo de la Magistratura la ocupación de las vacantes en el Poder judicial se cubre a partir de las ternas que se confeccionan después de realizarse una evaluación de antecedentes y oposición técnica. Es decir que el Ejecutivo solo puede elegir a quien va a proponer como Juez, entre los tres candidatos mejor calificados en el correspondiente concurso.

En consecuencia,  dicha alternativa no resulta compatible con un elemento ajeno a las capacidades intelectuales y de conocimiento, en ningún sentido el género puede participar de esta selección, sea en el sentido que sea, es decir que todas las vacantes deben ser cubiertas por representantes del género que resulte más capacitado para la función para la que se abre el proceso de selección, y no por un porcentaje que, arbitrariamente,  decida quienes son los capaces para desarrollar una actividad.

Cierto es que el tema que desarrollamos parece menor frente a los cuestionamientos jurídicos de la última decisión Presidencial; sin embargo, la cantidad de opiniones que se han expuesto sobre la misma,  hacen casi imposible agregar algún concepto que pueda añadirse a lo que ya sabe  la opinión pública. Si bien no es difícil advertir el avance sobre las libertades individuales, no es menos cierto  que nadie ha podido sugerir alternativas  concretas tendientes a lograr el mismo resultado, en punto a una  situación que no puede resolverse sin recurrir a la excepcional circunstancia por la que atraviesa la sociedad, independientemente de las razones y responsabilidades por las que se ha llegado a ella.

Ya casi terminando el día del Señor, la Justicia de la Ciudad resolvió ordenar al Jefe de Gobierno que asegurase las clases presenciales en su territorio, generando  así un inteligente gambito, que le permitió opinar sobre el contenido de una materia -el decreto presidencial- que le estaba vedado. Cualquier estudiante de derecho sabe que la discusión sobre la legitimidad de una decisión del titular del Ejecutivo Federal es competencia de esa Justicia -lo supo sin dudarlo el Jefe de Gobierno, Larreta, (que accionó en ese fuero)-. Lo cierto, es que las cosas se han planteado de ese modo desnudando un juego, en el que los protagonistas han decidido hacerse trampa mutuamente, y evitar lo que deben, en perjuicio de la sociedad que debiese ser el único objetivo al que ambos debieran servir.

La victoria sobre la continuación de las clases presenciales, parece marcar una pequeña ventaja en favor del Jefe de Gobierno alineado con la opinión de la gente, sin embargo, lo que alcanza a percibirse es que la “política” se ha adueñado de la realidad y transformado las penurias que nos agobian, en el botín de sus circunstanciales victorias que, ya se debaten en el marco de una contienda personal que debería deponerse, por lo menos, en estos graves momentos por los atraviese el país.