DE VELORIO EN VELORIO.

0
89

 

Ferdinand Amunchásteguy. Los últimos días han mostrado un oscuro panorama signado por la muerte. En un primer paso, la muerte del banquero Brito sorprendió por lo inesperado -si bien una de las características de la muerte es que llega silenciosa y sin avisos- reavivando los recuerdos de aquellos temas en los que se dijo que había tenido participación. Quizás el más comentado haya sido su posible aporte dinerario para adquirir Ciccone -aunque el tema se desvió hacia Raul Monetta, impedido de ser oído por el mal que le aquejaba-, a lo que se sumaron algunos otros temas de gestión compleja – la compra de dólar futuro que comprometió judicialmente a la actual vicepresidente, la reestructuración de deuda de alguna provincia y otros temas,  privativos de aquellos que pueden acceder a niveles superiores del poder-.

La conmoción por esa sorpresiva desaparición -equiparable quizás al episodio que involucró a Jorge Neuss- posiblemente fue tema de un determinado círculo, que no incluyó masivamente a la sociedad aunque, antes de cerrar el mes, un tercer episodio absorbió el interés no ya de esta sociedad sino del mundo entero, murió Maradona. Si en el mundo moderno existiesen los semi dioses, ese lugar pertenecería al rey del balompié y su desaparición lo ha demostrado, no sólo por la tumultuosa despedida que intentó darle la gente,  sino por la forma en que bloqueó cualquier  otro tema que pudiese merecer la atención de la ciudadanía.

La abrumadora cantidad de comentarios sobre su vida privada, las sencillas historias que pretendieron convertirse en anécdotas demostrativas de afectos imposibles de verificar, y la consolidación de un mito que debía absorber la atención de todos, no fue desaprovechada por el oficialismo que, casi frenéticamente, duplicó su actividad legislativa, impulsando  el  progreso  de temas de inocultables consecuencias futuras.

Siguiendo el derrotero, previsto y conocido, se introdujo la modificación necesaria para designar al Procurador por una mayoría simple, alternativa que deja exclusivamente a la voluntad, hoy del oficialismo, la elección de quien, de acuerdo al código acusatorio vigente ya en varias provincias, pero destinado a partir del 2024 a regir en todo el territorio, dirigirá todas las investigaciones penales,  pudiendo desistirlas,   transarlas o continuarlas en la dirección que se proponga, sin que alguien pueda torcer su designio.

Esta circunstancial coyuntura, sin embargo, posee una importante ramificación que puede ser inadvertida. Tanto la designación como su remoción, se regirán por esta nueva mayoría, lo que deja en manos de ese grupo la arbitraria manipulación de las causas penales,  a través de un sencillo mecanismo que permite vulnerar la independencia de un Funcionario constantemente presionado por el grupo de Senadores a los que, en un esquema constitucional armónico, debiese controlar.

Como se señaló alguna vez, la exigencia de los dos tercios del Senado tiene su origen en el hecho cierto de que, en la versión original de nuestra Ley Mayor, el Procurador integraba la Corte Suprema,  por lo que su designación necesitaba  los mismos requisitos exigidos  para ser miembro de ella o para ser removido.

Esta modificación, que puede parecer menor , y que se publicita como un modo de simplificar su elección, encierra la idea, no de volver sencilla su designación,  sino de ponerla al alcance de un número menor de voluntades que de ese modo podría adueñarse del control de uno de los Poderes del Estado, creado para controlar a los otros dos y que, de este modo, pasaría a ser un brazo disimulado del circunstancial ganador de una elección.

Esa simplificación en la designación y en su remoción, no solo debilita la función propia del Procurador sino que fragiliza su independencia, inevitablemente vinculada a los cambios electorales que se produzcan, convirtiéndolo en parte de la fuerza gobernante y no en  un órgano extra Poder tal como quiso la reforma del año 94 y mucho menos lo estructuró la Constitución de 1860 que lo hizo integrante del Poder Judicial.

Este avance sobre el manejo de las causas no se limita exclusivamente a la figura del jefe de los fiscales sino que, apenas insinuada, se introduce el Tribunal de  enjuiciamiento para los fiscales inferiores,  a los que se somete a un Tribunal destinado a resolver su idoneidad para continuar en sus cargos cuya  conformación que parece ingenua, muestra el propósito de dominar todo el escenario. El ejecutivo propone a uno de sus miembros,  tres son designados por la comisión bicameral de seguimiento del Ministerio Público -dos por  la mayoría y uno por la minoría- y uno por sorteo entre los fiscales con más de diez años en el cargo, más otro de un consejo interuniversitario al que se añadirá un sorteado de la matrícula federal de abogados. Asi las cosas, poseyendo 7 miembros, y pudiendo sesionar en  forma incompleta la suerte de quien deba sentarse frente a este tribunal estará prácticamente  resuelta antes de que comiencen a desarrollarse las sesiones de acusación y defensa.

Pero por si el avance sobre los fiscales pudieran parecer excesivamente técnico o incluso no especialmente grave, la comisión que estudiase las reformas recomendables para optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema, ha propuesto, so color de lograr que la Corte solo intervenga en temas de trascendencia, la creación  de un nuevo Tribunal intermedio que  es el que debería decidir cuáles de los recursos intentados que deben continuar su camino hacia la Corte para ser resueltos en forma definitiva.

Esta solución -que se parece al certiorary- de la Corte Americana, guarda con el profundas diferencias, allí, por lo pronto, es la misma Corte la que efectúa esa selección -para ello se reúne a puertas cerradas durante el mes de marzo- y decide cuáles son los temas que poseen gravedad constitucional y los que analizará para establecer los principios que habrán de aplicarse a todos los casos semejantes.

En nuestra criolla copia, el Tribunal a crearse (y que conformará este Gobierno) decidirá qué cosas va a resolver la Corte, imponiéndole un temario exclusivo y excluyente que limita la función de control que siempre quiso asignársele.

Como se ve, todo indica que, una vez más, el Gobierno pretende avanzar para consolidar una autarquía sin límites, que le permita disponer de la vida y hacienda de los habitantes de este país, a quienes lentamente le va retirando sus derechos y los envuelve en un relato apoyado en la pandemia y los mitos que se alejan. Quizás, uno de los mitos que se alejen es la libertad que es la más difícil de encarnar para que vuelva.