CUESTA ABAJO EN LA RODADA.

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Tras récords de popularidad por los pagos asistenciales, la segunda ola del coronavirus desgasta la imagen del presidente Jair Bolsonaro. Una encuesta de Exame/Ideia señaló que la aprobación del mandatario cayó del 37% al 26% en sólo una semana y volvió a los niveles que tenía en el pico de la primera ola.

El presidente Jair Bolsonaro volcó más fondos que cualquier otro mercado emergente importante, según el Instituto de Finanzas Internacionales, lo que elevó el gasto público casi 40% entre enero y noviembre.

La mayor parte del dinero se destinó a los llamados “vouchers corona”: la ayuda de emergencia que recibió casi un tercio de la población. Gracias a esta iniciativa subieron las ventas de cerveza –y la popularidad de Bolsonaro -, pero la medida demostró ser pésima para las ya frágiles finanzas de Brasil. La deuda pública ahora representa más del 91% del PBI, uno de los niveles más altos del mercado emergente. Asolado por el débil crecimiento, Brasil no logra equilibrar su presupuesto desde 2013. Es uno de los países más afectados por el coronavirus y la pandemia le sigue pasando una elevada factura.

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro ha dicho: “Brasil está en quiebra. No hay nada que pueda hacer”.

La mayor economía de América latina amortiguó el golpe económico inicial del coronavirus en 2020 con un enorme paquete de estímulo superior al 8% del PBI, lo que se tradujo en una contracción de la producción de casi 5%, caída considerablemente menor a la que registraron otros países de la región.

Pero esto deja a Brasil con una deuda pública de más del 90% del PBI, superior a la cualquier economía en desarrollo importante, además de China, y los inversores empiezan a ponerse nerviosos.

El aumento del desempleo, la propagación descontrolada del coronavirus y las demoras en los programas de vacunación, además de la titubeante agenda de reformas del gobierno, contribuirán para que este año la recuperación sea débil. El FMI prevé que el PBI de Brasil crecerá 3,6%, por lo que quedará muy por debajo de su nivel anterior a la pandemia.

La demora de un envió de principios activos desde China para producir las vacunas de Sinovac (Coronavac) y de la Universidad de Oxford-AstraZeneca en Brasil, tiene al ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, en una situación complicada. Acusado de desgastar las relaciones con Beijing, un sector le aconsejó al mandatario que corra al canciller, por lo menos, de las negociaciones con el gigante asiático. La preocupación en el Planalto por la falta de suministros empujó al propio Bolsonaro a intentar un acercamiento con Xi Jinping.

El retraso de India en la entrega de dos millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca fue interpretado como otra derrota del gobierno federal. Brasil tuvo que iniciar su campaña de vacunación con la Coronavac, que impulsó el gobernador de San Pablo, Joao Doria.

Siguen estancadas en el Congreso las reformas imprescindibles para disminuir los generosos salarios y recortar beneficios de los empleados públicos. Todavía no se hizo la tan anunciada revisión del complejo régimen tributario. Intereses personales impiden avanzar con el plan de privatización. El programa de ayuda de emergencia finalizó a fines del año pasado, pero ante el nuevo salto en los contagios, los políticos brasileños presionan para se reanude.

“La sociedad demanda un mayor gasto social e inversión pública. (Pero) no tenemos margen para eso”, dijo Solange Srour, economista jefe de Credit Suisse en Brasil. “Los inversores se preguntaban por la sostenibilidad de la deuda (de Brasil). Entienden la fragilidad de nuestras cuentas. El mayor desafío de este año es cumplir con el tope del gasto”.

La interrupción del gasto de estímulo se sentirá con más fuerza en el vasto sector informal de Brasil, que abarca decenas de millones de ciudadanos que no están registrados en los datos de empleo oficiales, pero que recibieron ayudas mensuales en efectivo el año pasado de asistencia por la pandemia. También es probable que repercuta en el nivel desempleo del país, que ahora afecta a 14,1 millones de personas, frente a los 12,3 millones antes de la pandemia.

Por ahora el ministro de Economía Paulo Guedes se resiste. Pero tiene las manos atadas por un presidente con instintos descaradamente populista y cuyo objetivo primordial es lograr la reelección el próximo año. Las promesas de Guedes de que las reformas estructurales siguen su curso suenan a cada vez más vacías; carios de sus principales tenientes ya abandonaron el barco.

Sin embargo esta vez los riesgos mayores. La mayor parte de la deuda brasileña de u$s 878.000 millones es de corto plazo y los vencimientos son cada vez más cortos: casi el 30% vence el próximo año. La inflación, una vieja pesadilla, está aumentando. Los mercados locales prevén una fuerte alza de las tasas de interés a partir de este año. Incluso Bolsonaro declaró que el país está quebrado.

Una forma de sortear el dilema sería que el Congreso aprobara una enmienda constitucional de emergencia que disminuya las obligaciones de gasto del gobierno, principalmente los salarios y las jubilaciones del sector público, que se llevan casi el 95% de su presupuesto.

Pero el Congreso, cuyo recurso termina la semana que viene, protege ferozmente los beneficios del sector público, por lo que no sería fácil de aprobar una legislación de esta tipo.

Hace demasiado tiempo que no hay rendición de cuentas ni transparencia en la mayor nación de Latinoamérica. Sus 210 millones de ciudadanos están pagando el precio de eso.

La mayor parte de la deuda brasileña está en moneda local, lo que significa que el país puede evitar el tipo de crisis de duda externa que atormenta a la vecina Argentina. Pero aún existe la posibilidad de una crisis en los mercados internos si crece la preocupación de los inversores.