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Al parecer, el mundo que conocemos jamás será el mismo cuando el virus chino nos abandone, su realidad ha actuado sobre la humanidad y expuesto a opciones que antes nadie quiso verbalizar. Sea cual sea la decisión que se adopte nada volverá a ser igual o parecido. El blanco y el negro parecen ser las únicas opciones posibles, la elección debe señalar si el individuo o la economía son las prioridades del Estado; primera encrucijada, que nos conduce a otra nueva decisión, optar entre los miembros de una sociedad que sirven a una Organización estatal o un Estado creado para servir a sus integrantes.

Pero no acaban allí las elecciones, deberá decidirse entre el bien común y general y el individual de los miembros del grupo, y todo ello generará un nuevo mundo que necesitará de normas para hacerlo funcionar. Nada podrá quedar librado a una natural y espontánea asunción de la nueva realidad.

El contrato social, ese, difuso concepto con el que se pretende justificar la forma en que los grupos se organizaron en algún momento de su pasado, se materializa en las Constituciones que, en principio fijan aquellas pautas mínimas con las que deciden regirse los grupos que a su vez, se constituyen en las unidades jurídicas que conocemos como Estados. Pues bien, ya se ha planteado la primera de las preguntas que deberán contestarse; Trump, Johnson y Bolsonaro han hecho pública su voluntad de no interferir con las economías a su cargo, independientemente de la cantidad de individuos que sean víctimas de la pandemia. Europa y America Latina se han inclinado por las cuarentenas que intentan preservar la vida de los habitantes, pero que inmovilizan las economías y detienen la generación de recursos, produciendo daños sectoriales que terminan alterando los números finales de la economía de los países que han tomado ese camino.

Decidida esa primera alternativa, se torna inevitable caer en la segunda, pues elegir la economía implica decidir que el Estado se encuentra por encima de sus integrantes, en tanto y en cuanto, estos están subordinados a satisfacer las necesidades del Aparato y no al revés. De adverso, quienes decidieron postergar la economía privilegiando la posibilidad de contener el contagio, suponen la existencia de un Estado sirviente de sus miembros y con la misión de lograr su bienestar.

De todos modos, y aun tomando partido por la gente, una nueva disyuntiva debe ser adoptada por aquellos que ejercen el poder y consiste en decidir si habrán de dar preponderancia al bienestar general en desmedro del particular (que es lo que, aparentemente, han decido españoles e italianos que, superados sus recursos tecnicos implementan criterios de selección para establecer quienes serán asistidos prioritariamente, respecto de aquellos otros que quedan librados a su propio destino).

Todo lo narrado y conocido, habrá de generar un profundo cambio en el mundo jurídico que incluso, ya puede advertirse en nuestro país, y que, necesariamente, deberá ser seguido , en el mismo sentido, por aquellos que adopten las mismas soluciones, al tiempo que quienes opten por las posiciones contrarias también deberán reformular sus disposiciones legales para ajustarlas a esas decisiones.

Las enmiendas a las constituciones será el primer paso que será necesario dar para respaldar las decisiones que se van adoptar en esta ocasión y en lo sucesivo, a partir del cambio de la matriz jurídica que adoptará el mundo. Según la posición tomada, algunos deberán establecer las nuevas prioridades elegidas-económicas-, desamparando otros derechos que hasta ahora protegían -la salud y el bienestar general-. Quienes han optado por las medidas sanitarias compulsivas -nuestro país entre otros- se verán en las necesidad de regular los aislamientos compulsivos, más allá del genérico argumento de la crisis excepcional, de modo que dicha modalidad no se convierta en un elemento coercitivo desviado, como puede ser el control automotor y el cierre de los accesos a ciudades, regiones y países.

El estado de necesidad -en el caso de la asignación de recursos escasos- e incluso la eutanasia son especies jurídicas que habrán de ser analizadas a la luz de la nueva realidad.

Tampoco faltarán las necesarias disposiciones transitorias con las que deberán paliarse la pérdida de labores a resultas de la obligada cuarentena, las ayudas a las empresas a las  que se le afecta la producción impidiendo a sus dependientes concurrir a sus lugares de trabajo, los contratos incumplidos, y las obligaciones suspendidas.

Lo cierto es que el cambio está lanzado, las reformas deberán producirse y la justicia volverá a ser el lugar por el que transiten las decisiones últimas referidas a estos temas, independientemente de los procesos por desobediencia o propagación de enfermedad, cuya resolución sólo será contemporánea con el estado excepcional generado, desde hace dos meses , en una desconocida ciudad China.

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