LA DISPUTA

0
102

 

 Ferdinand Amunchasteguy.- La conocida disputa entre la ex Presidente y el Poder Judicial, quedó absolutamente al descubierto en la ríspida sesión de Senadores celebrada la semana pasada. En el juego de las decisiones políticas, se produjo un duro debate que culminó con las pantallas oscurecidas de los senadores que se retiraban del mundo virtual en el que desarrollan hoy, sus actividades.

Desde la enunciación de la teoría del “lawfare”,  se ha tratado de insinuar que las denuncias que involucraban a los ex funcionarios del gobierno ahora reinstalado, resultaban falsas y producto, únicamente, de la manipulación  del sistema judicial, al que se consideraba sometido al poder político y carente de independencia. Como las causas continúan, la decisión para determinar su eficacia y seriedad seguirá siendo resorte de los Magistrados que intervengan en ellas, por lo que su ataque, buscando descalificarlos, no debe ni puede ser tomado como un mero juicio de opinión, ya que pretende generar un clima desfavorable a cualquier decisión que comprometa la situación de los ex y actuales funcionarios.

De alguna manera, podríamos estar enfrentándonos a una situación idéntica a aquella de la que se dice debe escaparse. En todos los casos, es una maniobra que habrá de poner en crisis cualquier decisión que vaya a adoptarse. Para el caso de que hubiese condenas, habrá “lawfare” y de arribarse a la decisión contraria,  se sostendrá que es la consecuencia de “la complacencia” de los que, permeables a los influjos políticos, vuelcan sus decisiones solo para conservar sus cargos. En resumen, que lo único que quedará en la sociedad es la certeza de que la administración de justicia es inútil, y la existencia del Poder Judicial superflua, ya que ninguna expectativa de un proceder correcto ha sobrevivido después el ataque al que se lo sometió.

Sin embargo, y paradójicamente, podría decirse que el oficialista y la oposición-la clase política en definitiva- se han puesto de acuerdo para desembarazarse del tercer Poder de la República y sortear los obstáculos que este pudiese poner en el camino de sus planes. Cierto es, que sin el “imperium” suficiente para sostener sus criterios y hacerlos respetar, ya la herida impuesta es mortal para su mantenimiento constitucional.

Cuando cualquier sujeto sin conocimientos suficientes puede opinar sobre criterios técnicos e instalar la idea de que existe un error de apreciación por parte de la justicia,-sea por intereses espurios, sea por oportunismo, por torpeza o debilidad- ha fulminado la posibilidad de que la misma pueda resguardar los derechos de los ciudadanos, que quedan librados a lo que la “política” decida lo que les corresponde y pertenece.

El episodio que hizo evidente esta situación fue el tratamiento del DNU en virtud del cual se asignaba a la Corte Suprema el control sobre la dependencia que tenía a su cargo las “escuchas telefónicas”. Más allá de las cuestiones exclusivamente reglamentarias que hubieran impedido su tratamiento -el cuerpo se encuentra reunido solo para tratar cuestiones vinculadas con la pandemia y el corona virus, que no es el caso,  a lo que debería sumarse el plazo transcurrido desde su emisión-, lo que deja traslucir la decisión de revocarlo, es mostrar un claro enfrentamiento con la Corte, de la que dicen no se encuentra entre los afectos de la Dra. Kirschner. Ese disgusto encontraría su razón de ser en el hecho de que la Corte no quiso intervenir en ninguno de los planteos efectuados por su defensa y que hubiesen podido demorar los juicios o, incluso, desbaratarlos.

De todos modos, la decisión no encierra ninguna modificación de fondo, sea porque la Cámara de diputados no se ha expedido aún, sea porque con el dictado de una nueva disposición podría alterar la dependencia de la oficina de los “oidores” sin necesidad de derogar la anterior. En consecuencia lo ocurrido solo es un mensaje, no agradable para los miembros de la Corte, que reciben sin disfraz alguno, el disgusto con que, desde la presidencia del Senado son mirados.

El senador Parrili, a su vez, oficiando de vocero de los que no tienen voz -la vicepresidente puede dirigir las sesiones pero no participar de los debates- aseguró suelto de cuerpo,   la complicidad de la Corte con el gobierno de Macri para montar un aparato ilegal de escuchas telefónicas. Establecido en esos términos el diálogo, poco puede esperarse del destino del Poder Judicial, y si se suman los proyectos ingresados para elevar el número de miembros (aunque por la estructura propuesta no pueden considerarse seriamente) puede  avizorarse un embate serio y constante sobre el más Alto Tribunal.

Ese enfrentamiento, no se detiene allí, sino  que busca mezclar al Poder Judicial con los servicios de inteligencia, alternativa que cierra definitivamente la posibilidad de recuperar la administración de Justicia tal como la conocemos, e impone suponer que tras estos enunciados, habrá de continuarse con lo que parecerá inevitable, y que consistirá en un cambio de la estructura de Justicia, parecida, seguramente, a la misma que intentó imponerse durante el último gobierno Kirschnerista y que fracasó pero, evidentemente no paso al olvido.